Los problemas a los que se enfrenta España cuando hablamos de transparencia

Hace unos días se dio a conocer el informe de Transparencia Internacional sobre corrupción, que situaba a España en la trigésima posición, compartiendo escalón con Botsuana y por detrás de varios países miembros de la Unión Europea (UE). En declaraciones a Vozpópuli Antonio Garrigues Walker, miembro del consejo de dirección de Transparencia Internacional, señalaba que "estamos mejor que Italia, Grecia o Portugal" pero al mismo tiempo reconocía que "el hecho de que España no tenga aún una ley de transparencia del sector público nos sitúa al nivel de Malta y Chipre".

¿Para cuándo una ley de transparencia en España? El Gobierno ya está trabajando en ella y según Garrigues "yo espero que esté lista en el primer semestre del año próximo". Porque la transparencia afecta a todas nuestras instituciones: ayuntamientos, comunidades autónomas, partidos políticos, universidades, etc.

Transparencia en los Ayuntamientos

Transparencia Internacional ha llevado a cabo un análisis del nivel de transparencia de nuestros ayuntamientos analizando seis áreas: Información sobre la Corporación municipal; las relaciones con los ciudadanos y la sociedad; la transparencia económico-financiera; la transparencia en las contrataciones de servicios; la transparencia en materias de urbanismo y obras públicas e indicadores de la nueva Ley de Transparencia.

"Los ayuntamientos de Bilbabo o Gijón son de una transparencia ejemplar" señala Antonio Garrigues y concluye que "es en la zona mediterránea donde hay poca transparencia". Centrándonos en esa zona encontramos los ayuntamientos de Valencia, Gandía, Alicante, Torrevieja o de Torrent.

Además, un estudio realizado por tuderechoasaber.es revelaba esta semana que el 77% de las peticiones de información enviadas por los ciudadanos a los Ayuntamientos no obtuvo respuesta y sólo se registraron un 6% de contestaciones adecuadas.

Transparencia de los partidos políticos

Los partidos políticos son señalados como la institución más corrupta en todos los países del mundo, según Transparencia Internacional. Ocho de cada diez personas consideran a los partidos políticos como corruptos o extremadamente corruptos. Esta mala valoración de los partidos políticos coincide con la percepción en España.

En el informe 'Transparencia, el mejor eslogan', elaborado por la fundación Compromiso y Transparencia se analizan los partidos políticos que han formado grupo parlamentario en la última legislatura: Amaiur, Bloque Nacionalista Galego (BNG), Coalición Canaria (CC), Coalició Compromís (CCO), Convergencia i Unió (CiU), Esquerra Republicana de Cataluña (ER), Foro Asturias (FAC), Geroa Bai (GB), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Izquierda Unida (IU), Partido Nacionalista Vasco (PNV), Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Unión Progreso y Democracia (UPyD).

Los resultados desprenden que el actual panorama político dista mucho de acercarse a los mínimos de transparencia que la fundación establece como requeridos en áreas tan relevantes como “Quiénes somos” (83% de cumplimiento), “Gobierno” (22%), “Estructura directiva” (20%), “Personas” (13%), “Afiliados” (42%), “Programa” (53%), “Cumplimiento” (9%) e “Información económica” (3%).

Los peores datos se registran en este último indicador donde ningún partido, con excepción de UPyD, publica los estados financieros y la memoria explicativa de sus cuentas, agravándose si cabe la situación al señalar que ninguno de ellos hace público el informe de un auditor independiente, ni muestra en sus páginas web información acerca de los créditos concedidos al partido ni las deudas condonadas, y finalmente, ninguno publica el informe del Tribunal de Cuentas.

Otro de los aspectos que contribuyen a la desconfianza que generan los partidos políticos en la sociedad es la escasa información que publican acerca de las capacidades y cualificaciones profesionales de los directivos; solo CiU, ER, IU, PP y PSOE tienen publicados los currículos y la trayectoria profesional de los principales cargos de dirección.

Será muy difícil que estas instituciones recuperen la confianza de la sociedad si no se deciden seriamente a hacer un ejercicio de transparencia profundo y valiente. El de los partidos políticos es uno de los pocos sectores que no ha conseguido ponerse de acuerdo para impulsar prácticas de transparencia y buen gobierno.

Transparencia en las Comunidades Autónomas

A nivel Autonómico hay diferencias significativas entre unas y otras Comunidades Autónomas en cuanto al nivel de apertura o preparación informativa de cara a la próxima nueva Ley de Transparencia, dado que algunas Comunidades publican todos los indicadores contemplados como obligatorios por dicha Ley (Cantabria: 100%), o la mayoría de ellos (Andalucía, País Vasco y La Rioja: 93,3) mientras que otras Comunidades muestran unas puntuaciones bastante inferiores en este área de transparencia (Castilla-La Mancha: 33,3 y Murcia: 46,7).

En todo caso, se evidencia una clara dispersión en los resultados, ya que entre las Comunidades ganadoras y las últimas de la tabla hay aproximadamente 40 puntos de diferencia. Al menos, en las Comunidades Autónomas a diferencia de lo que ocurre en los Ayuntamientos, sí se responden las dudas y preguntas de los ciudadanos, situándose en el 25% las no respuestas por parte de estos entes.

Las dos Comunidades que han resultado ganadoras, compartiendo el primer puesto en los resultados globales de Transparencia Internacional, son País Vasco y La Rioja (97,5 puntos sobre 100 en ambos casos). Las Comunidades Autónomas que ocupan los puestos inferiores del ranking son Murcia (55,0)y Castilla-La Mancha (58,8).
En cuanto a las Áreas de transparencia, el área de menor puntuación global sigue siendo la Transparencia económico-financiera.

Fuente Vozpópuli

Guía para la lucha contra la corrupción


Transparecia Internacional presentó la “Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción” que brinda un conjunto de definiciones estandarizadas y de fácil comprensión, y ofrece a quienes la consultan ejemplos prácticos y enlaces de interés. Su propósito es esclarecer el significado de los términos empleados con mayor frecuencia por el movimiento contra la corrupción en su trabajo diario.

La Guía de lenguaje claro brinda un conjunto de definiciones estandarizadas y de fácil comprensión, y ofrece a quienes la consultan ejemplos prácticos de la manera en que TI aborda estas cuestiones. También se ofrecen enlaces relevantes para obtener mayor información de referencia o para ampliar las consultas.

Contar con un lenguaje e ideas comunes para el movimiento anticorrupción es para TI una forma de asegurar que las irregularidades y los abusos no se repitan en el futuro. Es por ello que se ha elaborado esta guía de lenguaje claro a fin de plasmar los términos clave y su significado para TI y de brindar al movimiento contra la corrupción un recurso que le permita trabajar de manera más efectiva con actores interesados del gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

Para TI abordar los problemas de corrupción de manera efectiva requiere que los socios internacionales, nacionales y locales utilicen un mismo lenguaje y estén de acuerdo sobre su significado. Por ello, el propósito de la guía es esclarecer el significado de los términos empleados con mayor frecuencia por el movimiento contra la corrupción en su trabajo diario, así como de aquellos términos relacionados con cuestiones nuevas y emergentes. Los términos incluidos en esta guía han sido seleccionados en función de su uso generalizado en diversos foros, tanto en el sector público como privado.

La guía está divida en 3 secciones según la palabra que se busque definir: definición, ejemplo práctico y enlaces (links) relevantes.
 
 
 

Gobierno abierto es la respuesta: ¿Cuál era la pregunta?

Hoy os dejamos un interesantísimo artículo sobre gobierno abierto:
Gobierno abierto es la respuesta: ¿Cuál era la pregunta?

En la actualidad, distintos países en todo el mundo han iniciado un proceso progresivo para promover e impulsar estrategias ligadas al concepto de “gobierno abierto”. Basado en los principios de la transparencia y apertura, participación y colaboración, el gobierno abierto se ha posicionado como un paradigma emergente que intenta responder al agotamiento de los modelos tradicionales de gobernanza en un mundo que esta cambiando radical y vertiginosamente. El artículo realiza una  rosa aproximación al debate sobre el origen, alcances y perspectivas del concepto, y da cuenta de sus principales elementos constitutivos. Por otro lado, discute la idea de entenderlo como una plataforma para la participación y la colaboración a través de ecosistemas abiertos de datos que favorezcan la co-creación, el co-diseño y la co-gestión de servicios, en un contexto donde la confianza, la co-responsabilidad y el compromiso son elementos clave para el proceso de cambio que experimentan los gobiernos y las administraciones públicas.

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© MÁS PODER LOCAL.
Revista de Comunicación Política e Institucional.
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El periodismo y las redes sociales, nueva presentación de AERCOlibro en Badajoz

El próximo lunes 10 de diciembre de 2012 en la Cámara de Comercio de Badajoz (Av de Europa, 4 06004) a las 19:30 horas, tendrá lugar una nueva presentación del AERCO libro: “Gestión de Comunidades Virtuales”,  resultado del esfuerzo del equipo de Formación AERCO-PSM, en el que los profesores del Curso Certificado de especialización para Community Management de la asociación, han compartido el conocimiento generado.
 
Bajo el título “El Periodismo y las redes sociales” se celebrará el primer evento de la AERCO-PSM en Extremadura, que se convertirá en un espacio abierto donde interactúen los ponentes y los asistentes, y generar un debate provechoso e interesante.
 
Después de la presentación del AERCOlibro, se dará paso a una mesa Redonda donde se debatirá cómo las Redes Sociales han influido en la forma de hacer periodismo, cómo ha afectado a la comunicación de los medios de comunicación audiovisuales e impresos, el intrusismo y la falta de rigor a la hora de informar, etc. Con la participación de profesionales de la comunicación y el periodismo en Extremadura:
 
Antonio Cid (@antoniocid), periodista del Diario Hoy
Alvaro Barrena (@alvarobarrena), periodista de Canal Extremadura Tv.
Esther Benítez (@hachebenitez), Lic. Comunicación Audiovisual.

España, en la 30ª posición de lucha contra la corrupción

Somalia, Corea del Norte y Afganistán son los países más corruptos del mundo, y Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda se mantienen como los más transparentes, según un informe de la ONG alemana Transparencia Internacional (TI).
 
La edición de 2012 del ya tradicional Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de TI ofrece un ránking global con pocas variaciones con respecto a los informes de los últimos dos años, pero con una renovada advertencia.

"Tras un año durante el cual la atención ha estado en la corrupción, esperamos que los gobiernos adopten una postura más firme contra el abuso de poder. Los resultados demuestran que las sociedades continúan pagando el alto coste que supone la corrupción", afirmó en un comunicado la presidenta de TI, Huguette Labelle.

La ONG alemana denunció que pese al aumento de la presión pública a favor de la transparencia "desde Oriente Medio hasta Asia y Europa", se han registrado pocos avances a este respecto, o incluso "retrocesos".

TI, referencia global en el análisis de la transparencia, advierte en su informe de que sólo un tercio de los 176 países estudiados aprueba el examen, a pesar de que el clamor ciudadano contra estas prácticas ha ganado impulso en todo el mundo a raíz de la primavera árabe.

Esto denota que "las instituciones públicas deben incrementar su transparencia y que los funcionarios en puestos de poder deben rendir cuentas de manera más rigurosa", afirmó TI.

En una escala del 0 (sumamente corrupto) al 100 (muy transparente), Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda lograron 90 puntos, mientras que Somalia, Corea del Norte y Afganistán apenas sumaron 8 enteros.
Sobre estos últimos, TI señaló que "la ausencia de instituciones públicas eficaces y de líderes que rindan cuentas por su actuación ponen de manifiesto la necesidad de adoptar una postura mucho más firme frente a la corrupción".

España (65 puntos) quedó en la posición trigésima, sin apenas variaciones con respecto al estudio del año anterior, y en América Latina sólo cuatro de los veinte países analizados sobrepasaron los 50 puntos.

Dentro de Europa, España -bajo Austria e Irlanda y por encima de Estonia y Portugal- queda a mitad de tabla, por debajo de los nórdicos y las naciones del centro del continente, pero por encima de los países del sur y del este.
Grecia es el país de la Unión Europea (UE) que peor puntúa en este índice de corrupción, al lograr sólo 36 enteros.

La ONG afirmó que entre los países que obtuvieron resultados insatisfactorios en el CPI se cuentan "aquellas naciones de la eurozona que se han visto afectadas de forma más grave por la crisis económica y financiera".

TI reiteró que ya "ha advertido de forma consistente a Europa de que debe abordar los riesgos de corrupción en el sector público para poder superar la crisis financiera", e instó de nuevo a que se intensifiquen "los esfuerzos para blindar a las instituciones públicas frente a la corrupción".

En América Latina, Venezuela (19 puntos) y Paraguay (25) siguen siendo percibidos como los países más corruptos de América Latina, mientras Chile (72) y Uruguay (72) se mantienen como los líderes en transparencia.

Entre las grandes potencias, destaca que China (39) se sitúa en el puesto 80 y que Estados Unidos (73) rebota desde la posición 24 hasta la 19, mientras que Alemania (79) y Japón (74) quedan en los puestos 13 y 17, respectivamente.

Ya en el campo de las propuestas, Labelle instó a los gobiernos a "incorporar acciones contra la corrupción en todas las decisiones públicas".

"Entre las prioridades están normas más efectivas sobre lobby y financiación política, una mayor transparencia de la contratación y el gasto público, y mayor rendición de cuentas de organismos públicos a la población", señaló Labelle.

El CPI se elabora cada año desde 1995 a partir de diferentes estudios y encuestas sobre los niveles percibidos de corrupción en el sector público de distintos países.
 

Indice de Percepción de la Corrupción 2012

El próximo día 5 de Diciembre (miércoles), a las 9,30 h. Transparencia Internacional España presenta los resultados del Indice de Percepción de la Corrupción 2012 (elaborado por Transparencia Internacional), que recoge una visión panorámica y clasificación de 176 países según su nivel de corrupción, en función de la percepción que tienen a este respecto los ciudadanos de dichos países y muy diversos especialistas y colectivos consultados por diferentes organismos internacionales.
Este Acto de presentación va a tener lugar en la sede de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón (c/ Fortuny nº 53), y en el mismo participararán los miembros del Comité de Dirección de Transparencia Internacional España: D. Antonio Garrigues Walker, D. Jesús Sánchez Lambás, D. Manuel Villoria Mendieta, y D. Jesús Lizcano Alvarez.
 
Fuente: TI España

La democracia, en peligro.

Los movimientos sociales han conseguido que el drama de los desahucios por impago de hipotecas entrara en la agenda pública. El Gobierno ha querido hacer demostración de sensibilidad social y lo ha hecho de la manera más miserable: con un decreto que ni toca nada esencial ni resuelve problema alguno, simplemente los aplaza. Algunos pocos ciudadanos afectados se salvarán del desahucio durante dos años, pero cuando termine este periodo no solo tendrán el mismo problema, sino que lo verán sensiblemente agravado, porque los intereses seguirán corriendo a favor del banco. El Gobierno no ha querido cambiar una legislación injusta porque está muy decantada hacia los intereses del acreedor. Y no quiere saber nada de algo tan de sentido común como la dación en pago. Los bancos no querían ningún cambio esencial. Y este Gobierno —como el anterior— se distingue por un temor reverencial a los dioses financieros. Sin embargo, en este país la morosidad familiar es muy baja. Hasta el punto de que se podrían evitar todos los desahucios de primera residencia sin riesgo para el sistema.
 
Esta misma semana, Europa ha concretado el plan de rescate de las cajas, en unas condiciones muy duras en términos de pérdida de empleo y de reducción de actividad. Se completará así un proceso de transferencia de dinero público al sistema financiero sin que los culpables de este desastre hayan dado la cara. Algunos se han ido de rositas con millonarias indemnizaciones. El comisario Almunia dijo que no es cosa de dar nombres de los responsables de este desaguisado. ¿Por qué, si entre todos estamos pagando sus desmanes? Vivimos en plena cultura de la irresponsabilidad: los Gobiernos autónomos justifican sus políticas de austeridad argumentando que España y Europa les obligan. El Gobierno español dice que no hace sino lo que Europa le exige. Miguel Blesa, que gobernó Caja Madrid hasta 2010, niega cualquier responsabilidad porque las cosas que ocurrieron eran imprevisibles y todos hicieron igual.

Esta cultura de la irresponsabilidad es el caldo de cultivo de la desconfianza, del cinismo y de la corrupción. La desconfianza y el cinismo tienen efectos demoledores de descomposición social. La corrupción amenaza al propio sistema democrático. “La cuestión del siglo XX fue: totalitarismo o democracia. La cuestión de hoy es: democracia o corrupción”, escribe André Glucksmann. Todo sistema de poder tiene su régimen de verdad. El gobierno de nuestras democracias se legitima cada vez más por un tipo de verdad tecnocrática que, construido sobre la triada crecimiento, competitividad, consumo, “se caracteriza por una concepción de la economía como actividad completamente separada de la vida social, que debe escapar al control de la política” (Tzvetan Todorov). La política queda reducida a la ejecución de las exigencias del dinero, y el valor de cambio se convierte en el único criterio de toma de decisiones tanto en el ámbito de lo público como en el de las opciones morales privadas. Un cultivo ideal para que crezca la corrupción.

Y sin embargo es inevitable plantearse una pregunta: ¿la corrupción se ha extendido por el sistema más que nunca o el nuevo régimen de verdad que opera en nuestras sociedades es más descarado, la hace más visible? Antes el discurso que acompañaba la política ocultaba la corrupción y ahora no alcanza a esconderla, ¿por qué ha aumentado o por qué ha triunfado el cinismo? Probablemente se combinan las dos cosas: la ausencia de proyectos políticos más allá del horizonte económico reduce las motivaciones de los que se dedican a la cosa pública y desmoviliza a los ciudadanos. De ahí la sensación de mediocridad creciente de los gobernantes. Pero, al mismo tiempo, un régimen de verdad basado estrictamente en el dinero hace más visible la cruda realidad del sistema de intereses. Michel Foucault lo llamaba el principio de Rosa Luxemburgo: la incompatibilidad entre “la evidencia adquirida de lo que pasa realmente, evidencia adquirida por todos, y el ejercicio de la gobernabilidad por unos pocos”. Luxemburgo había dicho: “Si todo el mundo supiera, el régimen capitalista no duraría 24 horas”. Todo el mundo sabe. Y el capitalismo no se ve amenazado. Quizá la explicación esté en lo que Michel Foucault llama el principio de Solzhenitsyn o del terror: “La gobernabilidad en estado desnudo, en estado cínico, en estado obsceno. En el terror, es la verdad, y no la mentira, lo que inmoviliza”. Lo vemos en el miedo ante la crisis que paraliza a la sociedad. La democracia es incompatible con este sistema de gobernabilidad. El capitalismo no está en peligro; la democracia, sí.

Por Josep Ramoneda
Fuente: http://elpais.com/elpais/2012/12/01/opinion/1354382066_043972.html

Extremadura: notable en transparencia


La comunidad de Extremadura obtiene un notable en cuanto a su nivel de transparencia, al obtener una nota de 87,5 puntos sobre 100, según el Índice de Transparencia Internacional España.

Las 17 comunidades autónomas han aprobado en el índice elaborado por la organización Transparencia Internacional España, con una valoración media de 79,9 sobre 100, más de ocho puntos más que en el índice elaborado en 2010.

País Vasco y La Rioja son las regiones más transparentes, según este estudio, mientras que Castilla-La Mancha y Murcia se sitúan en los últimos puestos.

Para elaborar este índice, Transparencia Internacional España, que ha dejado claro que este no es un índice de corrupción, ha utilizado 80 indicadores que van desde información de la propia región, relaciones con los ciudadanos, transparencia económico-financiera, contrataciones de servicios, obras y suministros, urbanismo o los indicadores incluidos en el borrador de la futura Ley de Transparencia.

Según estas pautas y la información que han facilitado las comunidades autónomas a la organización, el estudio determina que País Vasco y La Rioja son las regiones españolas más transparentes, con una nota de 97,5 puntos sobre 100 cada una, seguidas de Cantabria (95), Andalucía (92,5), Navarra (91,3), Castilla y León y Galicia (ambas con 90).

Con una nota de notable aparecen Extremadura (87,5), Baleares (83,8), Cataluña (78,8), Aragón (75) y Madrid (72,5), mientras que Asturias (66,3), Canarias (63,8), Valencia (63,8), Castilla-La Mancha (58,8) y Murcia (55) se quedan en el aprobado.

"DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS"

Según el índice, existen "diferencias significativas" entre unas comunidades y otras en cuanto a la "preparación informativa" de cara a la futura Ley de Transparencia, que aún está en fase de tramitación parlamentaria, dado que algunas regiones publican todos los indicadores contemplados en ella como obligatorios (Cantabria), muchos de ellos (Andalucía, País Vasco y La Rioja), mientras que otras muestran puntuaciones inferiores, como Castilla-La Mancha y Murcia, que en este caso no llegan al aprobado.

En todo caso, el área de menor puntuación global sigue siendo, al igual que ocurría con el índice de 2010, la económica-financiera (69,7 de media), mientras que las áreas de transparencia más destacadas son la ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas así como la de relaciones con los ciudadanos, ambas con casi un sobresaliente de media (89).

El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional España Manuel Villoria ha valorado, durante la presentación en Madrid del estudio, los resultados de este año, asegurando que las comunidades autónomas "comienzan a tomarse en serio" este asunto.

ESTÁ EN JUEGO LA IMAGEN DE ESPAÑA

No obstante, ha advertido de que, en lo que se refiere a la "rendición de cuentas", las administraciones públicas españolas están "muy por debajo" de otras como las alemanas, y ha afirmado que la transparencia es, entre otras cosas, un aspecto "clave" para salir de la crisis porque es la imagen de España la que está en juego.

Por eso, el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, ha subrayado que la crisis y los recortes no pueden "servir de coartada" para que haya menos transparencia en las administraciones, ya que considera que "la información es muy valiosa pero también muy barata".

En estos mismos términos se ha pronunciado el director general de la Fundación Ortega-Marañón, Jesús Sánchez Lambás, quien ha añadido que los recortes en transparencia conllevarían un "ahorro pernicioso" porque las administraciones españolas no tendrían "fiabilidad" de cara al exterior a la hora de conseguir "ayudas externas" para hacer frente a la crisis.

Fuente http://www.lavanguardia.com

PRESENTACIÓN DEL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS


El próximo día 27 de Noviembre (martes), a las 16,30 h. Transparencia Internacional España  presenta los Resultados del INDICE DE TRANSPARENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (INCAU) 2012.
 
Con este ïndice se pretende un doble objetivo: por una parte, realizar una evaluación del nivel de transparencia de los Gobiernos de las diferentes Comunidades Autónomas, y por otra, impulsar y propiciar el aumento de la información que estas instituciones ofrecen a los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto. La evaluación se ha llevado a cabo a través de un conjunto integrado de 80 indicadores relativos a seis Áreas de transparencia, presentándose los resultados obtenidos por estas instituciones tanto a nivel de transparencia global como en cada una de dichas áreas.
En esta edición del INCAU se recogen algunos cambios respecto a la edición anterior, siendo el más importante la incorporación de un nuevo área de indicadores relacionados con los contenidos que habrán de publicitar obligatoriamente las instituciones públicas españolas según lo recogido en el Proyecto de ley (actualmente en tramitación parlamentaria) de la largamente esperada nueva Ley de Transparencia.
 
También se hará referencia en dicho Acto al Indice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) 2012, que se encuentra en fase bastante avanzada, así como al Indice de Percepción de la Corrupción 2012, cuyos resultados se presentarán próximamente.
 
Este Acto de presentación va a tener lugar en la sede de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón (c/ Fortuny nº 53), y en el mismo participa: D. Antonio Garrigues Walker, D. Jesús Sánchez Lambás,  D. Manuel Villoria Mendieta, y el Presidente de Transparencia Internacional España, D. Jesús Lizcano Alvarez.
 
Más información INCAU 2012

¿Cómo son de transparentes las universidades españolas?

 
El informe ‘Examen de transparencia’ (disponible en www.compromisoytransparencia.com y www.compromisoempresarial.com) desprende unos resultados globales positivos: más de la mitad de las universidades analizadas (66%) aprueban la evaluación. Aunque se percibe un amplio margen de mejora en áreas relativas al claustro, a los resultados o a la información económica.
Conscientes de la importancia de comunicar a través de la web, el 100% de las universidades publica su oferta de títulos, el 98% la información sobre ayudas y becas y el 96% establece en la web sistemas de comunicación con el alumnado. En el área de personal un amplio porcentaje de universidades (82%) proporcionan información sobre las diferentes categorías del personal contratado. Sin embargo, tan solo 17 universidades (34%) dan información sobre las bandas salariales, solo el 12% de las universidades ofrece información sobre la formación y méritos del claustro, hace referencia a la nacionalidad de sus docentes (4%) o publican el número de solicitudes de matrículas que han recibido (0%).

Otro de los aspectos al que las universidades deberían prestar mayor atención, según el informe ‘Examen de transparencia’, es a la publicación de su misión y visión (44% de cumplimiento) y su plan estratégico (50%); su ausencia puede denotar una carencia de foco estratégico y de la debilidad de sus órganos de gobierno (Consejos de Gobierno y Consejo Social), a los que corresponden principalmente esta función.
El área de resultados es una de las más débiles desde el punto de vista de la comunicación. No se trata, sin embargo, de una carencia exclusiva del sector universitario; la selección de indicadores así como la medición de resultados es una de las tareas más complejas del sector no lucrativo.
En este sentido, las universidades destacan por el esfuerzo que hacen publicando información sobre los resultados de su actividad investigadora (86% de la muestra lo publica), pero solo un 40% especifica el número de alumnos extranjeros que eligen su universidad para cursar sus estudios, es decir, el talento extranjero que son capaces de reclutar; solo el 36% hace referencia al impacto de su actividad docente; un 26% a la satisfacción del alumnado con la publicación de los resultados de las encuestas realizadas, y tan solo el 6% comunica en su página web las posiciones que ocupan en los distintos ranking de universidades. Las universidades que mejor están midiendo y exponiendo sus resultados son la Universidad de Jaén, la Universidad de la Valladolid, la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad Pompeu Fabra.
Finalmente y como en otros sectores, las universidades proporcionan muy poca información económica relevante. Aunque la mayoría de ellas (88%) publica el presupuesto, cuando se trata de rendir cuentas proporcionando alguna información más cualitativa, como pueden ser los estados financieros (22%), la memoria de las cuentas generales (22%) o el informe de auditoría externa (14%), el porcentaje de cumplimiento es significativamente menor.



 
Más información
ebarrio@compromisoempresarial.com

El riesgo de confundir transparencia con regeneración democrática

Hace poco, Transparencia Internacional ha advertido de que la crisis económica "podría acrecentarse" si los partidos políticos no "consensúan las grandes reformas y robustecen la transparencia interna", además de "declinar a controlar el funcionamiento" de los órganos constitucionales fundamentales.
 
Así lo indica en el informe sobre "Marco de integridad institucional en España", presentado por Transparencia Internacional en Madrid y que valora las "fortalezas y debilidades" en cuanto a integridad y transparencia de 12 instituciones españolas, como son el Parlamento, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el sector público, el Tribunal de Cuentas o los medios de comunicación, entre otras.

Por otro lado, ya son varios los informes del CIS que muestran la mala imagen de los políticos, hasta el punto de ser considerados como el tercer problema de los españoles. Se trata de un fenómeno muy preocupante que no cabe reducir a que se les culpa de cuanto pasa, porque es cómodo externalizar las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos. La mayoría de los políticos reaccionan, cuando se les menciona el caso, acudiendo al piadoso mantra de que no todos son iguales, para añadir que se empieza por criticarles y se acaba por cuestionar la democracia.
 
Ambos escenarios no tienen, en absoluto, nada que ver con la transparencia, cuando por transparencia  entendemos el derecho legítimo de los ciudadanos de hacer uso de la información que disponen las administraciones. Por ello, no existirá una norma que solucione la percepción de los políticos en la ciudadanía, pero sin embargo esta comparación si supone un riesgo para el concepto de transparencia.
 
El hecho de debatir, o no, en una campaña electoral dista mucho del concepto de transparencia que está demandando la ciudanía, estando relegado al campo de la buena praxis política; sin más. Sin embargo, corre el riesgo de contaminar, y solapar, los múltiples efectos positivos que la transparencia puede tener para la ciudadanía, los cuales quedarían en un segundo plano debido a la maquinaria de comunicación de las instituciones políticas.
 
Transparencia y empleo
Quizás tengamos otras prioridades. En Extremadura ocupamos la quinta posición en el último “Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU)” realizado en 2010  por Transparencia Internacional y que actualmente está teniendo su réplica en 2012. Estamos convencidos que la sensibilización de nuestros dirigentes hacia estos temas es la correcta, si bien no deberían ser las únicas finalidades mejorar en este índice, ni reparar la imagen de nuestros políticos pues entonces la ciudadanía no entenderíamos que la prioridad de la administración sea ésta, y no el tremendo drama que arroja las cifras del desempleo.
 
Para Apitex, septiembre ha sido un mes intenso, hemos colaborado con el Joomla day Spain, realizados muchos contactos, y encauzados dos proyectos importantes con los que estamos seguros que contribuiremos a la mejora de la competitividad, y a la creación de empleo, de las empresas extremeñas gracias a la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, que se presenta en su tramitación en la asamblea  extremeña como una propuesta muy completa, ambiciosa y firme.
 
 

Joomla day Spain

Comunicamos hoy un evento de gran importancia para el mundo del software libre. Se trata de las jornadas Joomla que se organizan en Mérida los días 28 y 29 de Septiembre. Habrá charlas sobre joomla y su aplicación en webs para gobierno abierto, protección de datos, talleres, etc. 
Toda la información se encuentra en la web del evento http://www.joomladayspain.org/es/. Los asistentes en situación de desempleo podrán acudir gratuitamente enviando un correo a info@osiberia.es adjuntando fotocopia del DNI y tarjeta de desempleo.

La Transparencia genera valor económico

"El valor de la transparencia" y su contribución al crecimiento económico y social pone de manifiesto la importancia de este vital activo para las empresas e instituciones. La transparencia en las organizaciones posibilita la apertura, genera confianza y, además, facilita la rendición de cuentas a los grupos de interés.

El último estudio de Forética revela que las economías con mejor transparencia y calidad de sus instituciones crecerán de media un 12% más que la media de las economías avanzadas. El informe profundiza su estudio sobre la transparencia en base a tres ejes temáticos principales: la transparencia, el bien común, ejemplos de transparencia y el vínculo entre transparencia y sostenibilidad.

Puedes descargar la publicación completa aquí.

Fuente: Forética

Open goverment más que una intención es una actitud

El open government o gobierno abierto es una forma de comunicación abierta, permanente y bidireccional entre la administración y los ciudadanos, basada en la transparencia por parte de la administración, la colaboración con la sociedad civil y las empresas y en la participación. Se expone uno de los puntos clave que se están utilizando para alcanzar esta participación: el movimiento open data o datos abiertos. En Europa sus orígenes se sitúan en la Directiva 2003/98/CE del Parlamento y del Consejo Europeos sobre el acceso y la reutilización de la información del sector público. Se describen proyectos open data que facilitan el acceso a los datos de la administración de acuerdo con las recomendaciones del W3C. La estructura y formatos abiertos permiten que los datos puedan reutilizarse proporcionando nuevos servicios a ciudadanos y empresas. Se han llevado a cabo numerosos proyectos y aplicaciones de visualización que ya dan cuenta del potencial de este movimiento. La situación en España es incipiente aunque en un corto período de tiempo están apareciendo numerosas iniciativas. Hemos de preguntarnos cuál va a ser el papel que los gestores de información adoptarán en este nuevo escenario y como lo aprovecharemos para hacer una sociedad más sostenible.

¿Quién se ocupa del bien común?


Esperemos que en el futuro no se pueda ser transparente, y no serlo, al mismo tiempo.


Son muchas las fuentes que coinciden en el diagnóstico del origen de la crisis, asociándolo en buena medida a la ausencia de transparencia, más en concreto a fallos de regulación y supervisión, esto plantea una cuestión importante: ¿quién se ocupa de la transparencia como bien común en el sistema financiero en particular, y de la democracia en general?  O, al menos, ¿quién se responsabiliza de las consecuencias de las decisiones individuales sobre otras personas, incluida la ocultación y/o manipulación de información?  

Podríamos pensar que el primer candidato es el propio mercado. Pero la crisis ha puesto de manifiesto que, por sí solo, el mercado no está en condiciones de asumir esta responsabilidad cuando hay “fallos del mercado”, como la existencia de bienes públicos (la confianza es un bien público, y su pérdida produce un daño a todos), las externalidades (como la caída de precios de un activo provocada por las ventas en otro mercado), la existencia de mercados incompletos o los sesgos de conducta (como el exceso de optimismo), el exceso de información, o la información imprecisa, como práctica habitual de opacidad, etcétera.  Es aquí donde muchos detractores de la regulación coinciden en normalizar y regular la información de los mercados haciéndola accesible a todos los grupos de interés propiciando así la autorregulación real.

Otro segundo candidato podría ser el Estado. La ley de transparencia no es más que reconocer al Estado –a su capacidad reguladora–, como el candidato tradicional a asumir ese papel, especialmente mediante la consideración de todas las variables relevantes en el corto y en el largo plazo, es decir, planteándose una amplia gama de efectos posibles de las acciones de los distintos agentes y de las regulaciones en vigor. Pero lo que hemos presenciado en los últimos años ha sido un conjunto de fallos también del regulador y del supervisor. Con lo cual el Estado, tal y como lo concebimos actualmente, no nos ofrece garantías de éxito en esta regulación. El estado debe usar el nuevo potencial que ofrece una ciudanía activa, y  participativa, para darle más responsabilidad en la gestión, y en la denuncia, creando un nuevo concepto de sociedad inteligente.

Por último, en materia de transparencia ¿tienen las empresas alguna responsabilidad sobre los efectos de sus acciones en otras personas y entidades? Sí, si aceptamos que la responsabilidad moral incluye la asunción de las consecuencias de las acciones pasadas y la evitación o corrección de sus efectos razonablemente esperados en el futuro. Y el hecho de que haya reguladores y supervisores no elimina por completo ese deber, aunque los problemas sean complejos y cada institución sólo pueda entrever algunas de esas consecuencias. El nuevo papel de las empresas en la sociedad hará que impongan la transparencia como una herramienta de competitividad, exigiéndola a otras empresas y administraciones y ofreciéndola a los mercados y clientes. Aquella organización que no esté adaptada a este nuevo mundo atravesado por las telecomunicaciones no hará sostenible su posición competitiva.

Inspirado en el documento de investigación   ¿PUEDE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA AYUDAR A ENTENDER LA CRISIS FINANCIERA? Del profesor Antonio Argandoña en IESE Business School

Efectos y Costes de la Corrupcion en Estados Democráticos

Si cualquier de nosotros introduce el término corrupción en el buscador Google verá que el mismo da como respuesta a su consulta aproximadamente 9.970.000 de enlaces y documentos; o si uno se apunta a crear una alerta de correo electrónico para la misma palabra en el mismo buscador comprobará cómo cada día se le llena su buzón con noticias relacionadas. Y es que el término corrupción es uno de los más “asiduo” de nuestro panorama informacional que nos provoca preocupación e indignación.

Existen numerosas definiciones del término corrupción, pero considerada en general es el aprovechamiento indebido de un patrimonio, normalmente público, con el fin de obtener beneficios privados, siendo, según los expertos, uno de los problemas más graves que afectan a los estados democráticos de todo el mundo, tanto si son grandes o pequeños, ricos o pobres, del norte o del sur.

Las causas que originan la corrupción tienen enfoques muy variados como el tradicionalmente considerado “bajo salario” de los corruptos de “baja escala”, donde la suma “baja probabilidad de ser descubierto” más “bajo valor de castigo esperado” más “pérdida de valores morales sociales” (responsabilidad, honestidad, honradez, tolerancia, …) es igual a una MAYOR corrupción.

Los efectos de la corrupción son grandes y, aunque la misma tiende a ser encubierta,  se dejan sentir en todos las dimensiones de la sociedad, en especial en la económica (reduciendo los ingresos fiscales, descendiendo el PIB, y distorsionando el gasto público), comercial (arruinando el libre comercio, frenando la innovación, y espantando a los inversionistas), social (acentuando las diferencias sociales), y política (generando progresiva pérdida de legitimidad del sistema político en su conjunto, y fortaleciendo la sensación de impunidad), creando con el tiempo un círculo vicioso que de no detenerse, puede crecer hasta volverse incontrolable.

Por su parte, los costos de la corrupción son difíciles de cuantificar pues como ya hemos visto es fruto del secreto que entraña este tipo de actividades, y sus efectos se difunden en todas las dimensiones de la sociedad de una forma compleja, aunque de forma teórica los costos de la corrupción deben medirse en términos de pérdida de eficiencia, entendiendo esta como la cantidad de bienes y servicios que dejan de producirse como resultado de la corrupción, los cuales aunque son pagados por toda la sociedad, afectan especialmente a los más pobres en su bienestar, seguridad y calidad de vida.

Se han emprendido diversas iniciativas para medir el costo económico de la corrupción, como el Índice de Opacidad de Price-Waterhouse-Coopers, que estima el costo para las empresas de invertir de acuerdo a una estimación de la opacidad, o de la falta de transparencia de un país (un país corrupto ahuyenta las inversiones extranjeras ya que estos tienen una probabilidad entre un 50% y un 100% de perder su inversión en un plazo de cinco años, según la agencia de calificación de valores Standard and Poor’s), aunque también se podría medir por medio del cálculo de los sobornos pagados, índice per capita (menor en países con alta corrupción), o el número de conexiones criminales establecidas.

Las soluciones a la corrupción – si existen – no son fáciles. En cualquier caso, el primer paso para corregir un defecto es admitirlo, el segundo combatirlo, el tercero eliminarlo, y el cuarto fomentar, a cambio, una virtud.

Parece ser que la mayoría de los países han tomado conciencia – admitido – que el problema de la corrupción no es un mal doméstico menor que podemos esconder debajo de la alfombra, sino que es un mal que si no se ataja corromperá la democracia y el estado de bienestar que sobre ella hemos establecido. Otro grupo de países han pasado a un segundo nivel y buscan combatirlo, principalmente con leyes de transparencia y acceso a la información pública (en junio de 2008 al menos 76 países habían puesto en marcha leyes de acceso a la información, donde no está incluida todavía a fecha de hoy España). No obstante, muchos países siguen obviando el papel del cambio ciudadano en la lucha contra la corrupción. Susan Rose-Ackerman, una de las más prestigiosas expertas mundiales, profesora y codirectora del Centro de Derecho, Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Yale, ex consultora del Banco Mundial señala que el papel de los medios de comunicación como transmisores de valores morales sociales y de los ciudadanos honestos es importante para presionar de manera constructiva a los corruptos. Es decir, redefinir la ecuación más arriba indicada por otra donde “alta probabilidad de ser descubierto” más “alto valor de castigo esperado” más “cumplimiento de valores morales sociales” (responsabilidad, honestidad, honradez, tolerancia, …) es igual a una MENOR corrupción.

Las redes sociales y los nuevos medios de comunicación digitales están propiciando un nuevo movimiento ciudadano que haciendo uso de la información contenida en los documentos – soportes que registran las actividades de personas e instituciones – en base a las nuevas competencias que les otorgan las leyes, buscan terminar con la lacra de la corrupción. Nuevo movimiento que muchos partidos políticos – columna vertebral de la democracia – parecen ignorar, frustrando en algunos casos el interés por cambiar de la otra parte de la sociedad que bajo el lema “¿qué puedo hacer yo para cambiar esto si sólo soy un ciudadano de “a pié”?  caen en el apoplejía del conformismo de dejar pasar las cosas como están con la resignación de que no está en sus manos el provocar el cambio. Este fracaso contribuye, tal vez injustamente, a dar la impresión de complicidad más que de ineficiencia.

Está claro, combatir la corrupción es una tarea que nos atañe a todos.

José Raúl Vaquero Pulido
Presidente Fundación Ciencias de la Documentación
Analista asuntos Iberoamericanos

Gestión de riesgos, transparencia y responsabilidades

La norma UNE – ISO 31000-2010 “Gestión de Riesgos: principios y directrices” señala en su introducción que “todas las actividades de una organización implican riesgos”. Tras esta contundente afirmación, a lo largo del documento, la citada norma aconseja desarrollar e implementar en las organizaciones un marco de trabajo cuyo objetivo sea integrar los procesos de gestión de riesgos en los procesos de gobierno, en la estrategia, en la planificación de las políticas y en la cultura de la organización. ¿y qué tiene que ver esto con la transparencia?

Recientemente el Gobierno de Cataluña ha informado sobra su estrategia para luchar contra el fraude escolar, básicamente “facilitar el acceso a los datos de los escolares para evitar fraudes”. Estos datos sólo podrán ser conocidos por las familias de aquellos alumnos que estén matriculados en el mismo curso que sus hijos. Esta nueva normativa surge de la conjunción de la Ley de Protección de Datos y el Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas, que permite a los ciudadanos acceder a la información de cualquier proceso público en que se participa. Nada tiene que ver con la futura ley de transparencia.

La aplicación de la norma UNE – ISO 31000-2010 sobre este proceso, nos plantea las siguientes reflexiones:
  • ¿Puede la ley de transparencia suponer un riesgo para el mantenimiento de las responsabilidades de este tipo, hasta hoy en manos de la administración?
  • ¿Cómo se puede canalizar esa colaboración social sin que suponga un motivo de crispamiento entre los padres del alumnado, los colegios y las administraciones?
  • ¿Se habrán valorado los riesgos de este tipo de decisiones?
Una posible respuesta, y nexo común a las tres cuestiones planteadas es la necesidad de formar y sensibilizar sobre cómo hacer uso de los nuevos derechos y deberes derivados del uso de la información pública. Estos procesos de liberalización de datos deberían ir acompañados de un análisis de riesgos en base al cual se informe a los distintos grupos de interés sobre un uso responsable de la información y las posibles actuaciones derivadas de este uso.

Sostenibilidad, transparencia y hábitos de consumo.

Se podría decir que estamos familiarizados con algunas de las versiones más apocalípticas del futuro que insisten en la subida de temperaturas, huracanes, desertización…pronósticos que tienden hacia un escenario medioambiental complejo. 

Otro coro, nos anuncia constantemente la incidencia de millones de compuestos químicos en nosotros y nuestros hijos. Compuestos que son empleados para endurecer, ablandar y pintar plásticos con los que fabricamos flotadores, ordenadores, vehículos, suavizantes, etcétera. 

Ni que decir tiene que ambas circunstancias, quizás expuestas en situaciones muy radicalizadas,  están confeccionando un nuevo tipo de consumidor que demanda una cosa por encima de todo: información.  Información con la que comparar, evaluar, pensar; en definitiva: decidir. 

Por esto mismo, las empresas haríamos bien en prepararnos para este cambio de mentalidad que derrotará el actual mantra “cuanto más barato mejor”, por “sostenible mejor, más humano mejor, y que genere empleo mucho mejor”. Es aquí donde la transparencia juega un papel clave en el ámbito privado, ya que independientemente de nuestra ocupación, el conocimiento del impacto ecológico, de empleo y el margen de beneficio son elementos sobre los que se condicionará la decisión de compra de millones de consumidores. 

Más información al respecto lo podemos ver en el estudio “CONSUMO RESPONSABLE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. TENDENCIAS DE CONSUMO RESPONSABLE 2012” realizado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Club de Excelencia en Sostenibilidad. En este estudio se indica que aunque sólo un 8% de los consumidores reconoce preocuparse por el impacto ambiental a la hora de consumir, un 30% está preocupado por la crisis económica y el 25% por la pobreza y las desigualdades sociales.

En la medida que un producto sea capaz de incorporar la transparencia y relacionarla con su impacto en la creación de empleo, el famoso “Fabricado en España”; su huella de carbono y la brecha salarial de la empresa que lo ha fabricado tendrá muchas posibilidades de dominar este nuevo mercado.

El sector infomediario y los nuevos yacimientos de empleo

Según el estudio publicado por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información “Estudio de caracterización del Sector Infomediario en España” la caracterización de este sector en España es la siguiente:

  • 150 número de empresas infomediarias existentes.
  • Entre 330 y 550 millones de euros, es el volumen de negocio estimado del sector, si bien el volumen consolidado de las empresas y sectores en los que participan oscila entre 825 y 1.200 millones de Euros.
  • La masa laboral asociada a la actividad oscila entre 3.600 y 4.400 empleos.
  • El 98% de las empresas hacen uso de formato electrónico para la distribución de productos y servicios.
Estas características hacen predecir la creación de una cifra de negocio en Extremadura que oscila entre 4 y 9 millones de euros, y que podría emplear a casi un centenar de personas, con una inversión relativamente baja. Este es sólo un aliciente más para hacer de la transparencia una razón de competitividad social.

De la ética de los principios, a la ética de las responsabilidades

Recientemente la Comisión no Permanente de Estudio para el estudio de la Propuesta de Ley de Gobierno Abierto ha vuelto a reunirse este pasado 25 de julio de 2012 (http://www.asambleaex.es/eventos-3871 ) Desde el punto de vista de la empresa, APITEX (Asociación empresarial para la Promoción e Impulso de la Transparencia en Extremadura), estamos contentos con el trabajo que los tres grupos parlamentarios están realizando y nos implicamos con el avance de esta ley realizando las siguientes reflexiones con objeto de colaborar con el impulso de la ley:

  • El legislador, es decir, la propia comisión debe buscar el elemento diferenciador con la norma general “Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno” puesto que de lo contrario esta norma podría suponer el desarrollo de nuevas exigencias para acceder a la información pública, y por tanto  derivaría en una mayor burocracia y una menor transparencia.
  • Nos parece muy acertada, y damos la enhorabuena, por la supresión del punto 3 del artículo 19, ya que supone un contrasentido al objeto de la ley.
  • En relación con las condiciones para la reutilización, artículo 28, entendemos que no se puede limitar el acceso a la información en función del uso, pues en la medida que determinados usos sean valorados como “no adecuados” sin unos criterios claros, se estaría limitando el ejercicio de la ley. Nos parece muy adecuado que las limitaciones de utilización estén vinculadas a  la que marque la licencia.
  • En relación con el artículo 30, nos parece técnicamente imposible su puesta en marcha más allá de lo recogido en la Ley 15/1999, de protección de datos de carácter personal.

Finalmente, como comentario general, el borrador define de manera muy sintética, y acertada a nuestro juicio, los derechos y obligaciones para el acceso a la información sin bien deberían mejorar un elemento clave “la trazabilidad de la información”.  Es decir, qué sistemas de gestión van a implementarse, cómo y dónde para asegurar la trazabilidad de la información que se facilita, así como el marco sancionador asociado a falsear esta información.  Este elemento es clave, puesto que de lo contrario las primeras dudas sobre la información aportada limitarían el enorme valor que esta norma puede lograr en nuestra sociedad.

Enhorabuena a los miembros de la comisión y a los seguidos de las redes sociales.

APITEX (Asociación de empresas para la promoción y el impulso de la transparencia en Extremadura)

Marcos reguladores y participación de los stakeholders

Está en las antípodas de la transparencia y la participación el hecho de no incorporar las expectativas de los grupos de interés en la definición de una norma. Una norma que así se hiciera nacería sin ninguna legitimidad social y podría entenderse como una excusa para ensalzar determinados aspectos populistas que distan del verdadero valor que aporta el gobierno abierto.


Por el contrario, una norma que si incorpore las expectativas de los stakeholders aportaría un gran avance social, y sería una herramienta perfecta para integrar las inquietudes sociales en la toma de decisiones.

La decisión indicará la voluntad de la norma...más allá del objeto legal.

Comienzo del blog de Apitex.

Damos a todos la bienvenida al blog de la asociación Apitex. Desde aquí intentaremos concienciar y difundir la cultura de la transparencia en diferentes ámbitos.

Con el blog y la ayuda de las redes sociales, poco a poco iremos dando forma al perfil público de Apitex con la finalidad de que la información fluya en ambos sentidos a través de comentarios y sugerencias de nuestros socios o visitantes.

Deseamos tener una larga y productiva andadura. ¿Nos acompañan?