Edward Snowden nombrado personaje del año por Apitex

La Asociación para la Promoción y el Impulso de la Transparencia en Extremadura (APITEX) reconoce el importante impacto positivo que han tenido las revelaciones de Snowden en la libertad personal.

En junio de 2013, Snowden, un consultor tecnológico estadounidense, antiguo empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), hizo públicos, a través de los periódicos The Guardian y The Washington Post, documentos clasificados como alto secreto sobre varios programas de la NSA, incluyendo el programa de vigilancia PRISM. El motivo de las filtraciones era destapar el "estado de vigilancia" existente en Estados Unidos. 

Snowden comentó que no puede "en conciencia, permitir al gobierno de EE. UU. destruir la privacidad, la libertad en internet y las libertades básicas de la gente de todo el mundo con esta gigantesca máquina de vigilancia que están construyendo en secreto", refiriéndose al programa PRISM.

Hoy, sólo seis meses después, las actividades del programa PRISM son conocidas a nivel mundial, habiéndose cuestionado desde la ética algunos elementos del programa.

Por todo esto, Apitex ha considerado que Snowden ha contribuido de forma ejemplar a impulsar la ética en los programas de inteligencia, la transparencia y la lucha contra la corrupción. 

Snowden se ha impuesto a personalidades como Jesús Lizcano, de Transparencia Internacional, David Cavo, de Civio, Jordi Evole, periodista, Julian Assange, de WikiLeaks, o instituciones como son los Gobiernos de Extremadura o de Navarra. 

El nombramiento de personaje del año es una distinción honorífica que APITEX realiza en base de las propuestas de sus socios. Este año 2013 ha sido la primera edición de este nombramiento, que el año que viene incorporará una distinción negativa para aquellas personas o instituciones que menos han contribuido al impulso de la transparencia.

La Junta ya está obligada a colgar en Internet los contratos públicos

Los detalles de cada contrato público; el sueldo y los méritos del personal elegido 'a dedo'; o cómo se está ejecutando el presupuesto vigente son algunas cuestiones sobre las que la Junta de Extremadura ya está obligada a dar publicidad por ley. Ni siquiera hará falta solicitar esta documentación pues el Gobierno autonómico deberá colgarla en Internet. Se hará a través del Portal Electrónico de Transparencia y Participación Ciudadana, que pretende ser la vía de acceso a una información pública que habitualmente se custodia con exceso de celo.

El nuevo sitio de Internet donde se aireen todos estos datos estará operativo en los próximos días, aunque desde la Consejería de Administración Pública aún no concretan la inminente activación de este portal, según justifican, porque está recibiendo las últimas aportaciones de los grupos políticos.
Ya han transcurrido más de seis meses desde que el Diario oficial de Extremadura publicara la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, por lo que ya está en vigor un texto legal de 44 artículos, que aspira a ofrecer la máxima transparencia posible por parte de los políticos y su gestión de cara a los ciudadanos.

«Es un poco confuso»

Según tres de los diputados que participaron en la elaboración de esta Ley, Francisco Ramírez (PP), Víctor Casco (IU) y César Ramos (PSOE), la información estará colgada «en cuestión de días». El miércoles pasado los técnicos les mostraron cómo había quedado el portal por si querían realizar las últimas matizaciones. Para Ramírez, «el resultado ha superado las expectativas del legislador». La observación de Casco fue que era «un poco confuso porque te mandaba de enlace en enlace», pero en términos generales lo valoró satisfecho, igual que Ramos, quien destaca que los datos se ofrezcan en tablas con las que el ciudadano puede trabajar para sacarle más partido a la información.

Este sitio web se divide en dos partes, el de los datos y el de la participación ciudadana. El primero, según Ramos y Casco, puede estar operativo en cuanto la Junta de Extremadura quiera.

El apartado de Participación Ciudadana necesitaría algunos ajustes para que sea más atractivo a los extremeños, según el diputado socialista, cuyas últimas sugerencias se han basado en que las preguntas ciudadanas se sepa quién las responde, así como concretar el protocolo para decidir lo que se sube o no a Internet de entre las aportaciones de los extremeños.

Para Ramos, la referencia está en un portal similar que tiene el Gobierno vasco (Irekia), donde junto a cada duda o aportación ciudadana aparece la respuesta, quién la da y cuánto tiempo ha pasado desde que se formuló la pregunta.

La Ley de Gobierno Abierto, a través de este Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadanas, recogerá entre otros datos los contratos adjudicados, con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones, prórrogas y variaciones de plazo o de precio.

También los detalles y procedimientos que no conlleven publicidad en los diarios oficiales, cuando superen 12.000 euros para los contratos de suministro y servicios y 30.000 en los contratos de obra. Y los contratos, incluyendo los menores cuya cuantía vaya de 6.000 a 12.000 euros, si son servicios o suministros, y de 6.000 a 30.000 euros, si son obras, con indicación de los licitadores, cuando se haya podido promover concurrencia, criterios de adjudicación, valoración y ofertas presentadas y el adjudicatario.

Personal de confianza

Otras cuestiones que incluirá este portal de Internet son planes urbanísticos. En el caso de personal los procedimientos de libre designación, la selección de directivos y laborales de alta dirección; candidatos y méritos aportados, así como su remuneración si ésta supera los 50.000 euros anuales.

En el caso de directivos y laboral de alta dirección se publicarán además los objetivos que se les hayan fijado y los resultados obtenidos de acuerdo con el procedimiento por el que deban evaluarse.
También se trasladarán a este portal las declaraciones de actividades, como las de bienes y derechos o intereses de diputados de la Asamblea de Extremadura, los altos cargos de la Junta de Extremadura y otros cargos públicos.

Fuente: HOY

LA TRANSPARENCIA DEBE ESPERAR

Se aprueba la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, pero sólo entra en vigor el título II.

Tras dos años de andadura y debate hoy ha sido aprobada la ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, que entrará en vigor de forma íntegra en 2016. Como pueden ver en la disposición novena, a la que apitex ha tenido acceso y la cual pueden encontrar en el enlace, la entrada en vigor es sólo del ´Título II, título que para nada tiene que ver con la transparencia pues se ocupa principalmente del buen gobierno.

Disposición final novena Entrada en vigor.


La entrada en vigor de esta ley se producirá de acuerdo con las siguientes reglas:

— Las disposiciones previstas en el Título II entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

— El Título Preliminar, el Título I y el Título III entrarán en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

— Los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley.

Les dejamos el texto íntegro:

http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_274_2030.PDF

Desde apitex consideramos este hecho como una pérdida de oportunidad para mejorar las instituciones públicas, su conexión con la ciudadanía y sobre todo, la perdida de una oportunidad para luchar contra la corrupción. Ahora entendemos normal el comportamiento de las Comunidades Autónomas en lo que a desarrollo de normativa propia se refiere.

Comportamiento desigual de las diputaciones extremeñas en materia de Transparencia


La Diputación de Badajoz pasa del lugar 34 al 13 mejorando su puntuación de 31 a 86.3 puntos; por el contrario la Diputación de Cáceres sufre un importante retroceso pasando de la posición 24 a la 30 retrocediendo 20 puntos en materia de transparencia.


Se acaban de publicar los resultados del Índice de Transparencia de las Diputaciones (INDIP) 2013, elaborado por la organización Transparencia Internacional España, para medir, a través de un conjunto de 80 indicadores, el nivel de transparencia de cuarenta y cinco Diputaciones (incluídas las Diputaciones Forales, y algunos Cabildos insulares y Consells baleares). Es la segunda edición que se lleva a cabo de este Índice.

El aspecto más destacable de los resultados del INDIP 2013 es el notable aumento que por término medio han alcanzado las Diputaciones en su valoración final, ya que mientras que en la anterior edición de este Índice la valoración media fué de 48´6 sobre 100, en este ocasión la puntuación media de las cuarenta y cinco Diputaciones ha ascendido a 69´6 por 100, lo que denota el importante esfuerzo de transparencia y apertura informativa que en general han hecho las instituciones.

Aunque hay todavía un cierto grado de disparidad en el conjunto de las puntuaciones globales, ha disminuido sin embargo significativamente el número de Diputaciones Suspensas, ya que en la anterior edición fueron 27 las que no llegaron a 50 sobre 100, mientras que en la presente edición sólo son 9 las Diputaciones que no han alcanzado el Aprobado. Por otra parte, en 2012 sólo dos Diputaciones habían alcanzado la calificación de Sobresaliente (90 ó más sobre 100), mientras que en esta edición han sido once las Diputaciones que la han conseguido.

Las Diputaciones ganadoras en esta edición del INDIP son León y Valladolid, que han obtenido la máxima puntuación, siendo destacables igualmente las puntuaciones obtenidas por Orense, Tarragona, Vizcaya, Palencia, Valencia, Granada, Lugo, Barcelona y Huelva, que han obtenido la puntuación de Sobresaliente. Hay además doce Diputaciones que han alcanzado la valoración de Notable (entre 70 y 89), mientras que otras trece entidades han obtenido el Aprobado, con unas puntuaciones entre 50 y 69.

Cabe destacar, por otra parte, que casi dos tercios de las Diputaciones (29 de las 45 evaluadas) han creado un Portal específico de transparencia dentro de sus páginas webs, recogiendo en el mismo los indicadores del INDIP, lo cual viene a evidenciar su clara voluntad de hacer pública la variada información que se recoge en este Índice de transparencia.

En cuanto a las distintas Áreas de Transparencia, una asignatura pendiente que siguen teniendo las Diputaciones en general es su Transparencia económico-financiera, ya que la media colectiva en este área es de 60´2 sobre 100, aunque el área en la que han obtenido por término medio una menor puntuación es la que hace referencia a los indicadores de la nueva Ley de Transparencia (según el proyecto de Ley), obteniendo una puntuación de 58´7 sobre 100, siendo concretamente quince las Diputaciones suspensas en este Área de transparencia, lo que indica que aunque la mayoría de las instituciones están relativamente preparadas para la publicación de las informaciones previstas en esta próxima Ley, hay todavía un tercio de las mismas que no publican una parte significativa de los datos que van a ser exigidos obligatoriamente por la inminente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

De las seis Áreas de transparencia evaluadas (en el INDIP), la que presenta una mayor puntuación media global es la referente a las Relaciones con los ciudadanos y la sociedad, en la cual la media colectiva alcanza 83´2 sobre 100. Otras tres áreas en las que se obtiene por término medio un Notable son: Transparencia en contrataciones de servicios (76´1), Transparencia en materia de servicios y apoyos a Municipios (75´4) e Información sobre la propia Diputación Provincial (73´0).

Si se lleva a cabo una segmentación de las Diputaciones en tres Grupos de tamaño (según la población provincial): a) Pequeñas (de menos de 400.000 habitantes; b) Medianas (entre 400.000 y 800.000) y Grandes (más de 800.000), el colectivo de las quince Diputaciones Grandes es el que alcanza una puntuación media mayor (71´9), mientras que el conjunto integrado por las quince Diputaciones Pequeñas queda en el segundo lugar del ranking, con una puntuación media de 69´4, siendo finalmente, las quince Diputaciones consideradas como Medianas son las que obtienen una puntuación media más baja (67´5).

Por otra parte, es importante recordar que en este Índice, lo mismo que ocurre en otros Índices de transparencia que elabora TI-España, sólo se valora si la información requerida está o no públicamente disponible, pero no se evalúa la calidad de la información publicada, ni tampoco la calidad de la gestión de los gobiernos provinciales. Cabe destacar finalmente que los resultados medios obtenidos en esta segunda edición del INDIP (69´6) son más altos que los que se alcanzaron en la segunda edición (2009) del Índice de Transparencia en los Ayuntamientos (64´0), así como también respecto a los obtenidos por término medio en la segunda edición (2011) del Índice de Transparencia en la Gestión del Agua (59´6), aunque son claramente inferiores a la puntuación media habida en la segunda edición del Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (79´9). Se confirma en todo caso que al igual que ha ocurrido progresivamente en los Ayuntamientos, en los Organismos del Agua, y en las Comunidades Autónomas, las Diputaciones también han mejorado sus respectivos niveles de transparencia en la segunda edición de su Índice.


Consulta el estudio completo en http://www.transparencia.org.es

Avances en materia de transparencia a nivel nacional e internacional

En los últimos meses se han producido distintos avances a nivel nacional e internacional para el fomento de la transparencia tanto en el ámbito público como privado.

En el plano nacional, el 18 de septiembre se publicó el Proyecto de Ley de Transparencia, que destaca que se incluirán temas vinculados a transparencia del sector público en el próximo Plan Nacional de Responsabilidad Social Empresarial.

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de septiembre 40 medidas para hacer frente a la corrupción en el ámbito público y privado.

Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se encuentra en proceso de revisión, por tercera vez, del Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, que será publicado previsiblemente a finales de este año.

A nivel internacional, en mayo de este año Global Reporting Initiative (GRI) lanzó su "Guía G4", la cuarta generación de directrices para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad, con un fuerte enfoque en materialidad y relevancia de la información.

Asimismo, a finales de año estará disponible la "Guía de Reporte Integrado" del International Integrated Reporting Council (IIRC), con el propósito de promover un modelo de integración de la información financiera y la no financiera en los informes anuales de las compañías, cuyo borrador se presentó en abril y está siendo sometido a consulta.

Por último, el 16 de abril la Comisión Europea publicó el borrador de Directiva sobre divulgación de información no financiera, cuyo proceso de consultas cierra en diciembre, cuando el comisario Barnier decidirá si la propone para que sea votada en la primavera de 2014.


Fuente: Foretica

LA TRANSPARENCIA QUE INTERESA

Petición

Que la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública y Buen Gobierno recoja la obligación de incluir en las webs públicas creadas para fomentar la transparencia y el acceso a la información pública el número de visitas a la web, el coste del desarrollo y mantenimiento y el número de descargas de cada dataset.

¿Por qué es importante esta petición?

La principal normativa reguladora es el RD 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal. Y próximamente la Ley de Transparencia, y Acceso a la información Pública y Buen Gobierno.

Esta petición es importante para evitar que la transparencia se convierta en un gasto inútil consistente en tener una web, en algunos casos de coste millonario, que aloje en ella algunos datasets que no tengan ningún interés para nadie.

Dado que el objeto de las distintas normativas de transparencia es fomentar la transparencia proactiva y la participación ciudadana, es clave para ello, que los datos que se hagan públicos tengan interés para la ciudadanía. Y en caso contrario que la organización incite la participación ciudadana para decidir qué información se hace pública, y en qué formato.
 
Para introducir la transparencia como criterio para evaluar la utilidad real de un portal de datos es necesario que se haga pública la siguiente información:

  • Visitantes totales.
  • Visitantes último mes.
  • Coste desarrollo de la web.
  • Coste del mantenimiento.
  • Número de descargas por dataset.
Como estrategia de ahorro, esta información nos permitirá eliminar aquellas webs de transparencia que suponen un coste para la Administración y que no tienen interés para la ciudadanía.

Esta información, aplicar la transparencia a las webs de transparencia, nos permitirá identificar aquella información que la ciudadanía está demandando frente a la posibilidad de publicar datos que no tengan ningún interés para la ciudadanía.

Firma la petición en Change.org

El Portal de Transparencia costará en torno a 1,7 millones de euros


La puesta en marcha del Portal de la Transparencia, una herramienta prevista en la Ley de Transparencia, Acceso a la información pública y buen gobierno, costará en torno a 1,7 millones de euros, según han informado a Europa Press fuentes oficiales.
Éste será el instrumento informático que utilizará el Gobierno para gestionar la presentación de toda la información de la Administración General del Estado que los organismos en ella incluidos deberán de hacer pública en virtud de la citada ley, que aún no ha culminado su tramitación.
Actualmente el proyecto, que entró en el Congreso en septiembre de 2012, se encuentra en el Senado, que tiene previsto aprobar la ley antes del 20 de noviembre. El PP ha presentado una treintena de enmiendas en la Cámara Alta y está abierto a llegar a acuerdos con otros grupos en varios puntos, por lo que la norma tendrá que volver al Congreso para su aprobación definitiva antes de final de año.

MÁS DE UN AÑO PARA QUE ENTRE EN VIGOR
La parte relativa al buen gobierno entrará en vigor en cuanto la norma de publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero se ha previsto un periodo de carencia de un año para el Título I, el que contiene las obligaciones de entidades públicas y privadas con respecto a la transparencia. Es decir, que estos artículos no estarán vigentes hasta finales de 2014 o principios de 2015.
Para entonces deberá estar en funcionamiento el Portal de la Transparencia que facilitará el acceso de los ciudadanos a la información que tendrá que publicar la Administración General del Estado y que sea solicitada con mayor frecuencia.
Aunque las prescripciones técnicas que guiarán la publicación de esos documentos debe ser fijada por un reglamento posterior, la ley ya prevé que esa información deberá presentarse siguiendo criterios de accesibilidad (facilitando su identificación y su búsqueda) de interoperabilidad (que se pueda compartir) y reutilización.
Según avanzó en su momento el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, el Portal de la Transparencia incluirá, entre otras cosas, un ranking sobre el cumplimiento de la ley, de manera que se podrá consultar cuáles son las administraciones qué más y mejor responden a las peticiones de los ciudadanos y cuáles lo hacen peor.
En las tareas de mantenimiento del portal, el Ministerio de la Presidencia ejercerá una labor de coordinación y armonización de contenidos así como de supervisión de la calidad y actualización de la información suministrada.

GESTIONARÁ LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Asimismo, el portal se configurará como una herramienta de gestión de las solicitudes de acceso a la información pública que sean presentadas a los órganos y entidades de la Administración General del Estado.
Las administraciones autonómicas y también las locales tendrán que 'copiar' este modelo de portal para dar cumplimiento a la ley que también las obliga. Para ahorrar costes y facilitar la tarea a aquellos ayuntamientos que no puedan crear su propia web, el Gobierno planea utilizar 'software' libre y ceder el diseño del programa a aquellas entidades que lo necesiten mediante convenios.

Fuente: europa press

Todos los convenios del Gobierno extremeño con administraciones públicas y entidades privadas se publicarán en el Portal de Transparencia y Participación Ciudadana

La Vicepresidenta, Portavoz y Consejera de Empleo, Empresa e Innovación, Cristinta Teniente, ha señalado que el objetivo de esta nueva normativa de regulación del registro de convenios públicos, que sustituirá al anterior, es dotar de una mayor transparencia a la actividad de la administración, de acuerdo con la Ley de Gobierno Abierto de la comunidad, recientemente aprobada, según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta regional, Cristina Teniente. 

En el proyecto de decreto, que será enviado ahora al Consejo Consultivo para que emita un dictamen sobre el mismo, como novedad, destaca la obligatoriedad de que todos los convenios, ya se firmen con otra administración pública o con una entidad privada, se inscriban en el registro y se publiquen por una doble vía, en concreto, en el Diario Oficial de Extremadura y en el portal de transparencia y participación ciudadana pues, hasta ahora, sólo se recogían los que se firmaban con administraciones públicas en el DOE.

Junto con ello, se amplía el acceso del ciudadano a los mencionados convenios. Hasta el momento sólo los ciudadanos implicados por alguna cuestión determinada a un convenio firmado por la administración, podía, previa solicitud, acceder a los convenios y, a partir de ahora, como deben publicarse de manera obligatoria en el portal de transparencia, todos los ciudadanos tendrán acceso a todos los convenios.

Y, Teniente ha resaltado que, con este decreto y sus novedades, la comunidad extremeña seguirá siendo "pionera" en España, en cuanto a medidas de "transparencia, de acceso, de visibilidad pública" de su labor como administración.

Fuente : Region Digital

Ciudadanos para ciudades inteligentes


El próximo 19 de septiembre de 2013 se celebrará la Jornada "Ciudadanos para ciudades inteligentes", organizada por MB3-Gestión y Garrigues. Versará sobre Smart Cities y el papel que jugarán la e-administración y Open Data entre otros.



La Jornada tendrá lugar de 10:00 a 14:00h, en Mérida, en la Sala de la Autonomía del Parlamento de Extremadura (Mérida). El aforo es limitado por lo que para asistir a la Jornada debe solicitar su inscripción en ciudadanosclaves@gmail.com

Descargar el programa 

Transparencia a golpe de un click

La transparencia entendida como el fácil acceso a la información por parte del ciudadano a un sólo click. Es lo que mide la oenegé Transparencia Internacional, que publica anualmente un informe basado en 80 indicadores (que dan como resultado una puntuación de 100) que repasan la información sobre la comunidad autónoma, de la publicación de cuentas, gastos, ingresos, deudas, contrataciones de servicios o de obras públicas. Extremadura no sale mal parada en el último estudio, correspondiente al año pasado y que arroja una nota de notable alto (87,5) cuando hace dos años, la primera vez que se realizó este informe, obtuvo una puntuación de 81.3. No obstante, la región pierde posiciones y del quinto lugar en transparencia informativa pasa al octavo. «Una comunidad puede subir la nota pero bajar en el ranking y esto no quiere decir que lo haya hecho peor, sino que otras han corrido más en subsanar las deficiencias», explica Jesús Lizcano, presidente de la oenegé y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.
Seis son las áreas de transparencia en las que se divide el estudio, aunque una de ellas se analiza por primera vez este año. Sin contar ésta, en todas salvo en una la Junta actual ha mejorado las cifras de 2010, en especial, el área de transparencia económico-financiera. De un 5 a un 9. Se trata de catorce indicadores que nivelan la información contable y presupuestaria, la publicación de los ingresos, los gastos y las deudas. Así, uno puede consultar por ejemplo que el endeudamiento por habitante es de 2.197 euros. «Los gobiernos regionales se preocupan por mejorar los puntos de este cuestionario y por ello, cada vez hay más interés», explica el responsable de la oenegé. El área que se ha incorporado este año pone nota a través de quince indicadores a la puesta en marcha en cada Comunidad de la nueva Ley de Transparencia. Extremadura se sitúa en sexto lugar, junto a Galicia, con una puntuación de 80 sobre 100.
Andalucía, Galicia y La Rioja se mantienen por delante de Extremadura en 2012. Otras cuatro comunidades autónomas adelantan a la región extremeña en la lista del pasado año: País Vasco, Cantabria, Navarra y Castilla León. Extremadura mantiene su único primer puesto en este informe en la valoración parcial de la transparencia en las contrataciones de servicios, obras y suministros. Comparte el puesto con otras cinco comunidades. Esto quiere decir que se informa de los procedimientos de contratación de servicios, del seguimiento y el control de la ejecución de las obras y las operaciones con proveedores, como por ejemplo las cuantías de las contrataciones más importantes.
Uno de los datos que siempre más llama la atención de la clase política son los sueldos y ahí, Extremadura obtiene respuestas. Sueldo bruto del presidente del Gobierno extremeño, José Antonio Monago: 76.274,12 euros. De la vicepresidenta, Cristina Teniente: 64.256,72 euros. Son sólo dos ejemplos, ya que la lista indica las retribuciones de todos los funcionarios y cargos públicos de la Comunidad, desde el resto de miembros el Consejo de Gobierno y altos cargos hasta médicos, enfermeras, veterinarios, psicólogos clínicos, abogados o inspectores de educación, entre otros puestos. Es el segundo año consecutivo que el gobierno regional publica estos datos. Lo hace para dar cumplimiento del código ético de la Administración Pública de la región y en el caso del indicador de transparencia, supone un dato que se marca en destacado para analizar la información sobre la región.
«A nadie le gusta quedar mal», sentencia Lizcano. El responsable explica que envían su primera valoración a cada región. Así, las comunidades pueden revisar el cuestionario con estos 80 puntos de información y tienen la oportunidad de modificar alguna cuestión en la web y devolver el cuestionario mejorado. «Marcamos los puntos débiles y los fuertes en materia de comunicación. Se ha convertido en un sistema participativo y dinámico que en líneas generales, hace que vaya mejorando», señala el presidente de Transparencia Internacional. En cualquier caso, cuenta, las comunidades se preocupan más que los ayuntamientos por ofrecer información en su web. «Los datos hablan: las regiones dan las evaluaciones más altas en comparación a los demás informes», indica Lizcano.

Fuente: diario HOY

En torno a la futura Ley de Transparencia. El “silencio negativo” que acalla nuestro derecho a la información pública

El pasado 25 de julio, la Comisión Constitucional del Congreso de la Diputados ha aprobado el dictamen de la Ponencia del proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno con los votos del PP, CiU y PNV, la abstención del PSOE y con el rechazo del resto de los grupos parlamentarios que consideran que el proyecto no cumple con las expectativas de los ciudadanos y es sobradamente mejorable.

El texto acaba de ser publicado en el Boletín de las Cortes Generales con fecha 31 de julio.

El 29 de mayo de este año publicamos un artículo titulado Ley de Transparencia: historia de una inminente frustración cívica. En esa ocasión, comentamos el proyecto en la versión que fue debatida al día siguiente en el Pleno del Congreso. Asistimos al debate. Éramos pesimistas en cuanto a que el mismo resultare mejorado con motivo del debate y de las enmiendas posteriores. Se presentaron 543 enmiendas de las que solo se incorporaron unas 20 enmiendas de la oposición (más 14 enmiendas transaccionales y varias de tipo técnicas, ninguna del PSOE, ni de Izquierda Unida).

A la luz de lo ocurrido, nuestras expectativas desfavorables, en lo sustancial, fueron finalmente confirmadas, aunque hubo algunas mejoras.

Nos interesa en esta ocasión detenernos en torno al instituto del “silencio negativo” porque consideramos que es el gran vicio oculto que contiene este proyecto en su versión original y que se mantiene en la actual versión, pese a las numerosas y unánimes críticas recibidas.

¿En qué consiste el “silencio negativo” en esta materia?

Consiste en que si un ciudadano solicita una información concreta y la misma no es proporcionada en los plazos legalmente establecidos (el primero es de un mes, con posibilidad de ser ampliado a otro), debe considerarse que el sentido del silencio es negativo, es decir, que la solicitud ha sido desestimada. 
Creemos que es una muy mala solución. Veremos seguidamente las razones.

Esto obligaría al particular a promover un recurso contencioso administrativo, lo que supone, en la práctica, que la administración se pueda blindar con su inacción ante peticiones de información que puedan resultarle incómodas. 

En caso de aprobarse este proyecto, la futura ley no variará mucho la absolutamente deficiente normativa actual que regula el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, contenida en el artículo 105 Constitución española. Así, el “silencio negativo” se convertirá en un límite más a un derecho ya de por sí mermado desde su origen. En este sentido, queremos destacar que nosotros consideramos el derecho a la información como un derecho fundamental con origen en los artículos 20 y 23 de la Constitución. 

La falacia argumental del Gobierno

El pasado 30 de mayo, en su discurso de presentación que abría el debate del proyecto Soraya Sáenz de Santamaría se refirió a esta cuestión intentando minimizar la defectuosa solución legal propuesta en este punto. Para ello apeló a la referencia a soluciones similares en la legislación comparada y consideró, además, que la reconversión del “silencio negativo” en “silencio positivo” podría afectar aspectos sensibles como la defensa nacional y la privacidad de las personas, causando perjuicios a intereses públicos o de terceros. 

Sus argumentos no resisten la menor crítica. En efecto, no es verdad que con el uso del “silencio negativo” se preservarían intereses públicos, ni lo es que con el “silencio positivo” podría hacerse lugar a que solicitudes de información que pudieran resultar o considerarse improcedentes generaran derechos adquiridos a favor de los solicitantes.

Para quienes, como nosotros, estamos acostumbrados a ejercer el derecho a la información y conocemos las dificultades prácticas que se generan, la cuestión es muy sencilla y dista de generar los riesgos que el Gobierno se imagina o teme. 

La sencilla solución de reforzar la obligación de resolver

Veamos. Bastaría con que el proyecto estableciese la obligación de la Administración de resolver y dar respuesta motivada a todas y cada una de las solicitudes de información que se efectúen. En caso de que la Administración recibiese alguna solicitud que por imperativo legal estuviere vinculada con una materia especialmente protegida, la Administración tendría la posibilidad de brindar una negativa fundada como respuesta a la misma.

Debe tenerse presente, por resultar aplicable a esta materia, que la legislación que regula el procedimiento administrativo común de la Administración establece ya la obligación de resolver las cuestiones planteadas por lo administrados. Ello surge del juego normativo de los artículos 42 y 89 de la Ley 30/1992, que establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa en todos los procedimientos, sin que la Administración en ningún caso pueda abstenerse de resolver “…so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de preceptos aplicables…” (artículo 89.4 de la Ley 30/92).

En este sentido, conviene destacar que hay otra situación lamentable que se plantearía cuando el solicitante no recibe respuesta. Nos referimos al supuesto contemplado en el nuevo artículo 24 (antiguo artículo 21) en el que se regula la posibilidad de que el solicitante, tras no obtener respuesta alguna, pueda interponer, transcurrido un mes de presentada la solicitud, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno –organismo cuya creación propone el proyecto-, previo a su impugnación por la vía contencioso administrativa. En este caso, si este Consejo tampoco se pronuncia, existiría una doble desestimación por “silencio negativo” lo que dejaría al derecho a la información pública en una completa ficción legislativa.
Por lo que, en resumidas cuentas, la futura ley de transparencia nos habilitaría a efectuar solicitudes de información, que puede que nunca sean respondidas sin siquiera conocer las causas de tal temperamento administrativo. 

Llamar a esta futura ley una de las “más avanzadas de nuestro entorno” según palabras de la vicepresidenta del Gobierno, es un verdadero sarcasmo. 

Habiendo sido concebida además la figura del silencio administrativo como un instituto a favor del administrado, el uso e interpretación que se realiza del mismo por el proyecto dista mucho de conceder el más mínimo atisbo de beneficio al ciudadano, siendo finalmente su resultado el contrario al pensado desde su concepción. 

El error de hablar de “silencio positivo” en materia de derecho a la información

La técnica del “silencio positivo” nace como una respuesta legislativa a supuestos de inactividad administrativa en los que el particular solicita a la Administración autorizaciones o licencias administrativas de distinta naturaleza. Como se trata de actividades reglamentadas, el legislador ha querido que en determinados supuestos el silencio de la Administración tenga un sentido positivo que ampare y de legitimidad a la actividad que el administrado desea desarrollar, para paliar los efectos de la inacción administrativa. Ejemplo de ello se presenta en la materia urbanística donde el particular ante el silencio frente a la solicitud de una licencia de edificación, puede considerar otorgado el permiso por imperio de esta técnica. Son supuestos en los que el “hacer” estará en manos del particular.

En este caso, en cambio, el “hacer” le corresponde a la Administración. Es ella la que tiene que dar una información. De allí que atribuir al silencio un sentido positivo no tiene mayor sentido. ¿Cuál podría ser la consecuencia práctica de atribuir carácter positivo al silencio que haga la Administración frente a una solicitud de información? La primera que surge, a estar por lo que expresan los legisladores, es que la Administración queda obligada a dar esa información. Eso supone un razonamiento equivocado toda vez que esa obligación ya existe, como lo dijimos antes, sin necesidad de establecer el mecanismo del “silencio positivo”. Por momentos, al analizar los debates parlamentarios, pareciera que se confunden los conceptos de “silencio positivo” con “obligación de resolver”. Ya veremos en los párrafos que siguen como, la vicepresidenta del Gobierno incurre en este error conceptual. 

Desde nuestro punto de vista, la obligación de resolver existe por imperio de la necesaria aplicación de las normas antes indicadas de la Ley 30/92 pero sería conveniente que se reforzara esa regulación en el proyecto.

Pensamos, además, que debería regularse una acción judicial sumarísima en la que el ciudadano pueda solicitar una orden de pronto despacho en la jurisdicción contencioso administrativa sin más justificación y prueba que la solicitud de información con la que se pueda comprobar, con el sello de recepción, el transcurso y vencimiento de los plazos para resolver. Pensamos, en concreto, en que podría incorporarse un instituto similar al contenido en el artículo 28 de la ley 19.549 (de procedimientos administrativos) de Argentina, que se denomina “amparo por mora de la Administración” ya que ha sido, en las últimas décadas, un arma muy eficaz y modélica contra la morosidad administrativa.

La panacea para regular con eficacia el instituto del silencio, no está en el Derecho Comparado. En efecto, no se trata de emular lo que hacen otros países. España tiene una fuerte tradición en Derecho Administrativo y la capacidad de darse un texto vanguardista y progresista en una materia en la que todos los países están dando sus primeros pasos.

En suma, es inconcebible que un país que promulga su ley de transparencia en los tiempos que corren, no contemple la obligación de resolver a una solicitud de información. 

La Administración no puede excusarse en falta de medios para no resolver

Otro aspecto sobre el que nos interesa reflexionar es el vinculado con la invocada y posible escasez de recursos humanos y técnicos que tiene la Administración para resolver este tipo de solicitudes.

En respuesta al diputado Carlos Martínez Gorriarán, Soraya Sáenz de Santamaría abordó esta cuestión (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, número 117, página 26). Así, dijo la vicepresidenta del Gobierno: “se ha hablado por muchos de los grupos del silencio administrativo y también diré que es un asunto, señor Gorriarán, del derecho administrativo, pero es que el derecho administrativo también es importante y hay que analizarlo con sumo cuidado. Claro que a todos nos gustaría que en todos los temas de todas las administraciones hubiera un silencio positivo, sería lo idóneo en unas administraciones que pudieran decidir en plazo en todos los asuntos de que se ocupa, pero da la casualidad de que también la Administración es limitada en sus medios, en sus recursos y en sus funcionarios, con lo que hay que encontrar un equilibrio. Ustedes me dicen que en otros Estados, en otros sitios, es positivo, pero no han puesto ejemplos (la negrita nos pertenece).

Como ya decíamos, la vicepresidenta razona sobre el “silencio positivo” como si hablara de la “obligación de resolver”. Esto ya lo hemos tratado más arriba.

Nos resulta curioso e inaceptable el argumento de la escasez de recursos humanos y técnicos que supuestamente podría sufrir la Administración para atender este tipo de solicitudes. Sería como mínimo disparatado esgrimir el mismo argumento de la escasez de recursos o medios en virtud del cual un ciudadano pretendiera eludir una obligación de carácter improrrogable ante la Administración. Los derechos no se otorgan sujetos a que su ejercicio dependa de los medios con los que cuente la Administración al momento de satisfacerlos.

Debemos tener en cuenta, al considerar esta cuestión, que en España más del 50% de las solicitudes de información que se efectúan no obtienen respuesta. Por ello, el panorama que nos vislumbra esta futura ley es cuanto menos desalentador en cuanto a avances en materia de acceso a información pública se refiere.
Parece que el gobierno no comprendiera la importancia de las exigencias que se realizan desde la oposición y gran parte de las organizaciones de la sociedad civil acerca de la necesidad de que sean resueltas las solicitudes de informaciones públicas. 

No se trata de proporcionar el derecho de acceso a la información que las autoridades deseen, sino un auténtico “derecho a saber” que pueda ser ejercido sin obstáculos por la ciudadanía.

Por Beltrán Gambier y Daniel Amoedo
Abogados especialistas en transparencia pública


Un 95% de los extremeños pide mayor transparencia a las administraciones.

Un 95% de los extremeños considera que los ciudadanos deberían recibir más información sobre las decisiones de las administraciones públicas. Es una de las conclusiones de una encuesta que ha realizado la Asociación para la Promoción e Impulso de la Transparencia en Extremadura (Apitex) dentro de un estudio en la región.

Apitex es una organización no gubernamental que agrupa las demandas de la sociedad civil y empresarial relacionadas con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.

La asociación ha concluido la primera fase de su proyecto, una encuesta en la que han participado en torno a 400 personas y cuyo resultado se dará a conocer en breve.

Las respuestas evidencian que la ciudadanía reclama más transparencia a las administraciones públicas, pero también que estos organismos deberían disponer de mecanismos para conocer la opinión de sus ciudadanos. Así lo expresa el 92% de los encuestados.

Cuestionario a 60 entidades
 
Según explica Antonio Campos, presidente de Apitex, el estudio se completará con dos fases más. En los próximos meses se enviará un cuestionario a 60 entidades que reciben financiación pública (partidos políticos, asociaciones, consorcios, etc.) con preguntas sobre el grado de cumplimiento de las medidas de transparencia que exigen las normas en vigor. Pero para ello primero esperarán a que entre en vigor la Ley regional de Gobierno abierto y a que el Gobierno apruebe la Ley de Transparencia.

Al mismo tiempo, se pedirá a 15 empresarios de la región que den su opinión sobre cómo generar valor de la información que se dará a conocer cuando se cumplan los requisitos de transparencia previstos en las citadas leyes.

Según Campos, el principal objetivo de Apitex es crear riqueza a partir de las posibilidades que ofrecerá el cumplimiento de los parámetros de transparencia.
Por ejemplo, señala la creación de una aplicación para móviles para difundir datos de un sector concreto, o que una empresa pueda emplear la información de un registro público para ofrecerla a sus clientes.

Transparencia empresarial
 
Campos resalta además que la encuesta evidencia que no sólo se pide más transparencia para las entidades públicas, sino también para el sector empresarial.

En este sentido, un 87% de los encuestados desearía disponer de más información sobre las empresas a las que compra sus productos , sobre todo en lo relacionado con la elaboración.

Fuente: Diario HOY

Veinte medidas contra la corrupción

El amplio y variado número de casos de presunta corrupción que están saliendo a la luz pública hace necesaria y urgente la adopción de medidas para atajar el problema.

De cara a aportar posibles soluciones, se han celebrado recientemente tres seminarios-debates contra la corrupción, organizados por Transparencia Internacional España, y en los que han participado un total de 18 ponentes pertenecientes al ámbito de la magistratura, fiscalía, cuerpos de seguridad, universidades, instituciones anticorrupción, etcétera. De las casi 50 conclusiones que han surgido, nos hemos permitido seleccionar y sintetizar las 20 medidas que se recogen a continuación (agrupadas en tres áreas):

Transparencia económica y financiera de los partidos políticos. 
Los partidos políticos deberían situarse a la vanguardia y ser ejemplares en cuanto a transparencia económica, financiera y contable, entre otras cosas porque los recursos de los que disponen son aportados por los ciudadanos. Para ello se deberían adoptar las siguientes medidas:

  1. Publicación en Internet de las cuentas anuales detalladas de los partidos políticos y entidades a ellos vinculadas, con el debido desglose orgánico y geográfico de sus gastos e ingresos, así como de sus bienes patrimoniales.
  2. Publicación en Internet por el Tribunal de Cuentas de su informe de auditoría anual de los partidos políticos (en el plazo máximo de un año desde el cierre de cada ejercicio contable).
  3. Publicidad obligatoria de los préstamos otorgados a los partidos, así como la prohibición de su condonación por las entidades financieras.
  4. Prohibición de las donaciones a los partidos, o sus fundaciones, procedentes de las empresas sometidas a licencias, regulación o subvenciones públicas.
  5. Prohibir a las fundaciones de los partidos recibir ayudas o donaciones de aquellas personas jurídicas que no pueden donar a los partidos políticos.
  6. Tipificar jurídicamente el delito de financiación ilegal de los partidos.
  7. Establecer un procedimiento normalizado de auditoría interna en los partidos.
  8. Obligatoriedad de hacer pública la situación de quiebra económica que en su caso puedan tener algunos partidos.

Transparencia y democracia electoral. 
Es necesario que los procesos electorales sean más transparentes y participativos; en este sentido se proponen los siguientes cambios legales e institucionales:
  1. Modificar la legislación y el sistema electoral, estableciendo listas desbloqueadas o abiertas, en las que se pueda tachar o excluir a algunos de los candidatos.
  2. No admitir la inclusión de procesados o investigados por corrupción en las listas electorales, o en todo caso establecer la obligación de hacer pública esta circunstancia al publicar las listas.
  3. Publicar obligatoriamente el currículum o datos biográficos de todos los candidatos.
  4. Controlar estrictamente el cumplimiento de los límites en los gastos electorales y sancionar (no se ha hecho hasta ahora) el incumplimiento de dichos límites por parte de los partidos.
  5. Pasar el control de los gastos electorales del Tribunal de Cuentas a la Junta Electoral Central.


Marco jurídico e institucional para prevenir la corrupción. 
Hay otros cambios necesarios en el marco legal e institucional para prevenir y/o combatir de forma efectiva la corrupción. A tal efecto se proponen las siguientes medidas:

  1. Cualquier condena por delitos asociados a la corrupción debe llevar aparejada la inhabilitación efectiva para el ejercicio de cargos públicos.
  2. Establecer un tope o límite máximo de mandatos en los cargos políticos (evitando que la política sea un modus vivendi).
  3. Necesidad de una ley de protección jurídica a todos aquellos ciudadanos denunciantes de posibles casos de corrupción.
  4. Modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, para: a) Despolitizar en lo posible el tribunal, designando sus consejeros en lugar de por acuerdo de los partidos políticos, por criterios técnicos, y de mérito y capacidad. b) Reducir el número de consejeros del tribunal (a tres o máximo, a cinco).
  5. Reforma de la elección del Consejo General del Poder Judicial y del nombramiento de jueces de los puestos superiores, estableciendo límites a su designación por los partidos políticos.
  6. Cambiar la legislación para limitar los privilegios jurídicos y judiciales de los aforados, para los que puede llegar a haber un cierto espacio de impunidad, existiendo normalmente grandes trabas para las actuaciones de los jueces en estos supuestos.
  7. Limitar la concesión de indultos por los Gobiernos, excluyendo en todo caso los delitos por corrupción.

Entendemos que si se fuesen adoptando las anteriores medidas (que serán contrastadas públicamente), se podría avanzar de forma sustantiva en la lucha contra la corrupción, la clase política podría llegar a ser a medio plazo más apreciada y confiable para los ciudadanos y estos podrían llegar a estar más informados y ejercer sus derechos de una forma clara y acorde con las necesidades de una sociedad moderna y un país democrático y avanzado como el nuestro.

Jesús Lizcano Álvarez. 
Presidente de Transparencia Internacional España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.

Fuente: El País

Barómetro CIS Julio

El paro, la corrupción y el fraude son los principales problemas para la ciudadanía según el barómetro, en el cual parece instalado el pesimismo. No aprueba ningún líder político, los españoles consideran que la situación económica y política es muy mala y que no va a mejorar. También opinan que la gestión que está llevando a cabo el gobierno y la del principal partido de la oposición es mala o muy mala. Pero curiosamente y a pesar de todo, el PP sigue por delante del PSOE en intención de voto.

Enlace al informe

Proyecto de Ley y Enmiendas

Os dejamos un enlace al Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, que incluye las más de 500 enmiendas presentadas por parte de los diferentes grupos políticos que integran el Congreso.

Consultar

Informe de transparencia en la web de los partidos y fundaciones políticas

La fundación Compromiso y Transparencia publicó en Mayo un interesante  informe titulado: "Transparencia, el mejor eslogan", un estudio que analiza la transparencia en la web de los partidos políticos con representación en el Congreso. Se pretende evaluar la transparencia voluntaria en base a criterios como visibilidad, accesibilidad, actualidad de contenidos y comprensibilidad.

De manera más detallada se analizan multitud de indicadores como la presencia de los estatutos, del número de afiliados, perfiles de cargos directivos, grado de cumplimiento del programa electoral o informe de ingresos y gastos.

Los españoles consideran a los partidos la institución más corrupta del Estado, seguida por el Parlamento.

El Ejército, las ONG, el sistema de salud y el educativo, considerados los menos corruptos en España


Los españoles consideran a los partidos políticos la institución más corrupta del Estado, seguida por el Parlamento, según el Barómetro Global de la Corrupción en 2013 elaborado por Transparencia Internacional España (TI-España). Considerando el 5 el nivel más alto de corrupción, las formaciones políticas españolas obtienen un 4,4.

Así lo ha explicado este martes Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, durante la presentación del barómetro, realizado en 107 países mediante una encuesta a 114.000 personas, y en la que ha estado acompañado por el presidente de TI-España, Jesús Lizcano; y por el patrono vitalicio y el vicepresidente segundo de la Fundación Ortega-Marañón, Antonio Garrigues y Jesús Sánchez Lambás, respectivamente.

Según los datos extraídos de este estudio, el Parlamento ocuparía la segunda plaza en el ranking de las instituciones más corruptas de España con 3,9 puntos, seguida por el sistema Judicial con un 3,5 y por los funcionarios públicos y las empresas privadas con un 3,3.

Los medios de comunicación lograrían un 3,2, mientras que la Policía y los organismos religiosos se quedarían ambos en el 3,1 de los 5 puntos máximos posibles. El Ejército, por su parte, obtiene un 2,6; seguido de las ONG con un 2,4; el sistema de salud con un 2,3; y en último lugar el sistema educativo con el 2,1. 

Por otro lado, la misma encuesta refleja que el 72 por ciento de los españoles creen que el Gobierno de España es ineficaz en la lucha contra la corrupción y el 60 por ciento consideran que el esfuerzo de los ciudadanos merecería la pena para luchar contra esta lacra. Además, el 66 por ciento de los encuestados opina que España no está gobernada por el pueblo, sino por unos pocos al servicio de grandes intereses.

El 71 por ciento de los españoles encuestados denunciaría un caso de corrupción y los que deciden no hacerlo lo achacan a que "no valdría para nada", según Manuel Villoria. De esto modo, el estudio también refleja que un 64 por ciento está dispuesto a acudir a manifestaciones para luchar contra la corrupción.

En esta línea, el catedrático ha indicado que únicamente el 2 por ciento de los españoles reconoce haber pagado algún soborno en los últimos 12 meses y ha agregado que esgrimen que es "más barato" que pasar por todos los trámites reglamentarios. Además, el 73 por ciento ve "importantísimo" tener contactos personales para resolver sus problemas.

Asimismo, el 66 por ciento de los españoles encuestados consideran que el nivel de corrupción en España ha aumentado en el último año, colocándose en la cuarta posición de los países europeos tras Portugal, Francia y Chipre. Sin embargo, escala hasta la tercera plaza, por detrás de Grecia y Portugal, si tenemos en cuenta el nivel de gravedad que los ciudadanos otorgan al problema de la corrupción. Considerando el 5 el nivel más alto de importancia, las españoles otorgan a este problema un 4,5.
DATOS GLOBALES DEL BARÓMETRO

En lo que se refiere a resultados globales, hay que destacar que más de una de cada dos personas cree que la corrupción es un problema que se ha agravado en los últimos años, aunque se muestran convencidas de que pueden contribuir al cambio, y 9 de cada 10 personas estarían dispuestas a actuar. 

No obstante, Lizcano se ha referido al "problema muy gordo" que supone que el 27 por ciento de los encuestados reconozca haber pagado un soborno en los últimos 12 meses. Dos tercios de aquellos a los que se les pidió el pago de un soborno, se han negado a hacerlo. 

En relación con la corrupción por sectores, en 36 países se ha señalado a la Policía como el más corrupto, que habría pedido al 53 por ciento de los encuestados el pago de un soborno. En otros 20 países, el poder judicial se alza con la primera plaza del sector más corrupto y en otros 51 países de todo el mundo se considera a los partidos políticos la institución más corrupta.

Por último, el 55 por ciento de los encuestados creen que su gobierno responde a intereses particulares y el 22 por ciento, que sus acciones encaminadas a combatir la corrupción son efectivas. 
TRANSMITIR VALORES IMPORTANTES

Durante su intervención en el acto, Antonio Garrigues ha afirmado que los esfuerzos de Transparencia Internacional España se centran en "transmitir valores importantes" y ha agregado que, aunque la transparencia no es un remedio absoluto, cuanta más haya, más difícil será que aparezca la corrupción. 

Por ello, ha celebrado que las diferentes fuerzas políticas españolas hayan alcanzado un "consenso básico" para sacar adelante la futura Ley de Transparencia que, a su juicio, no es una "concesión" a la ciudadanía, sino el reconocimiento de un "derecho". Además, ha indicado que aunque los datos del barómetro son "inequívocamente" negativos, España está en el "promedio europeo" por lo que el problema es "perfectamente" atacable. 

Por su parte, Jesús Sánchez Lambás ha destacado que la corrupción "puede investigarse", pero ha advertido de que "hay algo enfermo" cuando la trascendencia de este barómetro se encuentra en la "clase política". Así, ha advertido de que las tasas de corrupción son un elemento "dramático" en este momento de crisis. 

En último lugar, Lizcano ve "fatalismo" en los datos sobre posibles denuncias de casos de corrupción y los atribuye a que no existe una ley que "proteja" a los denunciantes, de lo que se desprende el "temor" a las represalias

Fuente: Europa press

Cursos de Verano de la Universidad de Extremadura

El próximo Miércoles 10 de Julio en Badajoz, Apitex participará en el curso de Verano de la Universidad de Extremadura titulado "La responsabilidad social a debate en un contexto de crisis", que contará con destacados expertos en este área y empresas que han integrado políticas de responsabilidad social en sus actividades.

Descarga el programa con toda la información aquí

Apitex participa en una jornada formativa celebrada en Mérida sobre Gobierno Abierto


Apitex ha participado este jueves en las jornadas sobre la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, celebradas en el marco del Plan de Formación 2013 de la Escuela de Administración Pública, con la ponencia 'Políticas de Transparencia en la Iniciativa Privada”.

En esta ocasión, más de cien personas trabajadoras de la Administración regional han podido disfrutar de las jornadas que se han celebrado durante los días 26 y 27 de junio en la Escuela de Administración Pública de Mérida, y han contado con la presencia de destacados referentes en el ámbito del derecho y los representantes de los grupos políticos que conformaron la Comisión para el desarrollo de la Ley de Gobierno Abierto.

En este sentido, el presidente de Apitex, Antonio Campos, ha asegurado que “el Gobierno Abierto debe ser una estrategia que revise los procesos administrativos aplicando la tecnología del Siglo XXI”.

Igualmente, ha afirmado que “el sector infomediario tiene una cifra de negocio potencial que oscila entre 5 y 9 millones de euros siendo una fuente real de creación de empleo”. Además, durante la presentación ha mostrado múltiples ejemplos de servicios creados gracias a la reutilización de información pública, tal y como informa Apitex en nota de prensa.

Cabe destacar que las jornadas han sido clausuradas por la Vicepresidente Primera de la Asamblea de Extremadura, Consuelo Rodríguez Píriz.

Transparencia y el Congreso de los Diputados

Las palabras de la vicepresidenta del Ejecutivo Español acerca de la ausencia de Ley de transparencia -… acceso a la información pública y buen gobierno, que siempre tenemos que apostillar en España aquello que ya otros inventaron- supusieron un gran revuelo que caló profundamente en la sociedad –entre risas y jolgorios-. Según indicó este alto cargo, esta falta de legislación en un aspecto tan importante y preocupante para la ciudadanía supone“[…] Una laguna injustificable en el ordenamiento jurídico español que va a obligar a la necesaria rendición de cuentas de la Administración, y de todos los cargos públicos, electos y no electos […]”. El primer pensamiento que nos ofrecen estas palabras resulta ser un triste y evidente corolario deducible de forma directa e inmediata: Entonces, ¿hasta ahora la administración y los cargos públicos, electos y no electos, no han rendido cuentas? Por desgracia esto no es un pensamiento retórico, ni tan siquiera una reflexión demagógica, se trata de un hecho más que constatable al tenor de los acontecimientos que nuestra imparable sociedad de la información viene poniendo de manifiesto frente a la decimonónica actuación de nuestro sistema – a pesar de que nosotros lo estrenamos hace menos de cuarenta años-. El segundo pensamiento, tal vez e increíblemente más grave aún, es el que nos lleva a pensar irremediablemente que, dando por veraz la primera deducción, ha existido una impunidad total por parte de aquellos que, al existir “[…] Una laguna injustificable en el ordenamiento jurídico español […]”, decidieron hacer de su capa un sayo y ocultar procedimientos, manipulaciones, malversaciones, tráfico de influencias y toda suerte de comportamientos “anómalos” –recuérdese que no tenemos aún ley de transparencia- para beneficio propio o de sus interesados congéneres y amiguitos.

El Congreso de los Diputados, maleducada e irrespetuosamente vacío, en sesión celebrada el 30 de mayo de 2013, discutió y permitió, tras ciertas concesiones en forma de enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios no gobernantes –retiradas para “consuelo” de los expectantes ciudadanos que encontrarán una aprobación consensuada de la Ley-, que esta Ley de Transparencia y Buen Gobierno, cuyo proyecto aprobó el partido mayoritario hace casi un año, siga su proceder. Es verdad que encontramos en el proyecto de Ley grandilocuentes frases y no menores intenciones, sin embargo la sensación de que no se trata más que de un proceder para un lavado de cara no me deja de rondar la cabeza. El Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de las Cortes Generales, correspondiente a la X Legislatura, con referencia al “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, de la sesión plenaria núm. 111 celebrada el jueves 30 de mayo de 2013 dice con respecto al resultado de la votación –decido saltarme la argumentación que hace el representante de uno de los partidos acerca de la justificación del silencio administrativo negativo por banal, pero invito a que sea leída por chistosa y divertida-:

AVOCACIÓN POR EL PLENO.

El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación, pedido por diversos grupos, la avocación del proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Hay un voto emitido telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320, más 1 voto telemático, 321; a favor, 320; en contra, 1 voto telemático.


El señor PRESIDENTE: El voto emitido telemáticamente me han dicho que ha sido un error.


Queda avocado a Pleno. 

Es decir, de los 350 diputados que tiene el Congreso emitieron su voto 320 –el telemático parece que fue un error-; todos a favor. Consenso: magnífico, democrático, maravilloso, pero una lectura pormenorizada de ese acta resuelve lo que anticipaba previamente, esto es, la anulación “pactada” de las enmiendas y lo que es más grave, la falta de compromiso de los parlamentarios. Me explico: en el momento de la votación el número de asistentes es elevado, pero las imágenes que ofrecen los medios de comunicación sobre las discusiones de la sesión plenaria previa debería avergonzar a los representantes políticos, ya que a duras penas se llenaba la mitad del hemiciclo. Sin embargo, voy más allá: todas las votaciones de las enmiendas previas –que pueden consultarse en el Diario de Sesiones- reflejan un porcentaje de voto exquisitamente idéntico, lo cual denota una paridad de criterios entre los diputados memorable o bien una férrea disciplina de partido –que también puede ser efecto colateral de ese sectarismo con el que parecen funcionar los partidos políticos-. En cualquiera de las dos circunstancias y, a la vista de nuestra futura “Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, me gustaría lanzar una propuesta –ya sé que no tiene condición de enmienda, aunque puede que alguien quiera presentarla como iniciativa legislativa popular- que es la de reducir el número de diputados por partido a uno, con el porcentaje de representación correspondiente que en las urnas le haya sido otorgado a su partido por los ciudadanos, claro está –en eso no se puede dejar de ser democrático-. Con este sencillo ejercicio de responsabilidad democrática y, a la vista de la falta de opinión, reflexión y de juicio propio e individual que manifiestan los diputados de los diferentes partidos, incapaces de manifestarse en contra de las líneas ideológicas de los mismos y por tanto, siempre fieles al pensamiento común, conseguiríamos economizar las manidas y escuetas arcas estatales, otrora tan rebosantes, que podríamos hacer extensible a otros órganos constitucionales, con lo que tal vez, solo tal vez, lograríamos el mismo nivel de transparencia, pero un ahorro infinitamente mayor.


Rubén Cabecera Soriano
Vicepresidente de Apitex
Fuente: http://encabecera.blogspot.com.es/

Sindicatos y patronal se someten a la Ley de Transparencia pero sin injerencias

Los sindicatos quieren estar sometidos a la futura Ley de Transparencia, pero con límites, para que los poderes públicos no cometan actos de injerencia, pues la autonomía de estas organizaciones está garantizada por la Constitución y la Ley de Libertad Sindical. Esta es la posición, como principio general, de los dos principales sindicatos, CC OO y UGT, ante la decisión del Parlamento de incluirlos en la Ley de Transparencia, que empieza su tramitación en el Congreso.

Los representantes de CC OO y UGT han sido llamados por la Comisión Constitucional del Congreso para dar cuenta de su visión de la ley, toda vez que serán incluidos en ella. Las preguntas de los diputados, singularmente del PP, se han orientado hacia la financiación de los sindicatos. Las dos organizaciones consiguen con las cuotas de sus afiliados, más de un millón cada una de ellas, cubrir el 70% de sus gastos. Así lo han asegurado el secretario de Estudios de CC OO, Rodolfo Benito, y el secretario de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell. Estos han diferenciado la financiación ordinaria de los recursos públicos que obtienen para programas concretos. “Eso no es financiación, sino partidas finalistas para cursos o programas tasados”, han reiterado.

La sesión ha transcurrido con corrección, pero los sindicatos han aprovechado la ocasión para hacer un discurso reivindicativo de las regulaciones legales pendientes para ellos, además de hacer un dibujo negro de la situación económica y social de España, en tanto que el Gobierno persiste “en las mismas políticas". A esto no ha habido respuesta por parte de ningún representante, a excepción del de Izquierda Plural, José Luis Centella, solo para explicar la sintonía de su grupo con los sindicatos.

“No es lo mismo el pleno de concejales del Ayuntamiento de Segovia que la comisión ejecutiva de CC OO", ha señalado Rodolfo Benito, en respuesta a las preguntas del portavoz del PP, Esteban González Pons, sobre qué aspectos los sindicatos consideran que no deben ser controlados en relación con otras instituciones. “Nosotros tenemos contrapartes”, ha señalado el dirigente de CC OO, por lo que no pueden dar a conocer las estrategias que utilizan “frente al Gobierno, la CEOE o las empresas cuando se trata, por ejemplo, de la negociación colectiva”.

Si se trata de controlar el dinero que los sindicatos reciben de fondos públicos, ningún problema, han dicho tanto Monell como Benito. Ambos han remitido a las páginas web de sus organizaciones a cualquiera que quiera acceder a sus cuentas, sobre las que se ha mostrado especialmente interesado el portavoz del PP. Ninguno de los dos sindicalistas tenía “en la cabeza” las cifras, pero ambos han asegurado que con las cuotas de sus afiliados –“de distinta cantidad"– cubren el 70% de sus gastos. Los dos afirman contar con algo más de un millón de cotizantes reales.

Una vez conscientes de que el Parlamento les va a incluir en la ley, se han mostrado a favor, pero de inmediato han aprovechado la tribuna para hacer peticiones. “No tenemos ley de financiación como sí tienen ustedes, los partidos; está sin desarrollar la Ley de Libertad Sindical y tampoco se ha regulado el mandato constitucional de la regulación de la participación institucional”. Estas demandas son coincidentes en los dos sindicatos, aunque el representante de CC OO ha estirado más la tabla reivindicativa, para incluir exigencias sindicales de los últimos meses: “Para la regeneración democrática debería haber un cambio en la ley de partidos, en la Ley Electoral y un cambio en la ley que regula la Iniciativa Legislativa Popular y la de referendos para que sean vinculantes”.

Qué son los sindicatos y cuál es su papel ha sido un recordatorio que los líderes sindicales no han dejado de reiterar en su intervención, para poner en valor su relevancia en la estructura jurídica y constitucional de España. “Nosotros no representamos solo a nuestros afiliados, sino a todos los trabajadores, y en nuestra función está la defensa del interés general”, han proclamado. Y se lo han reconocido Rafael Larreina, de Amaiur; José Luis Centella, de IU; Jordi Jané, de CiU; Emilio Olabarría, del PNV; José Enrique Serrano, del PSOE, y Esteban González Pons, del PP, por este orden de intervención. No obstante, las preguntas del diputado popular han sido las de más intención fiscalizadora, aunque todo en un tono comedido.

“¿Cuando dicen ustedes que tienen que estar sometidos otras instancias, a quién se refieren, al llamado cuarto poder, por ejemplo?”, les ha preguntado González Pons. Monell, de UGT, ha recogido el guante: “En la medida que reciban fondos públicos, por qué no. ¿Y la banca, que recibe fondos públicos? No puede ser que unos sí y otros no”.

La pertinencia de que sindicatos y patronal pasen por la Comisión Constitucional está justificada por lo que de ellos se dice en el artículo 7 de la Constitución: “Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”. Los sindicatos, no obstante, además de la relevancia constitucional que se les da, quieren reivindicar otras leyes, como, por ejemplo, la de Libertad Sindical, que garantiza su autonomía. En su regulación habrá que tener en cuenta estos principios. No es tarea fácil, ha advertido el portavoz socialista, José Enrique Serrano. No se olvide que el incumplimiento de lo que marque la ley “llevará aparejado una sanción”.

La complejidad de aplicar la Ley de Transparencia a las 4.500 organizaciones que componen la CEOE ha sido otra constante tras la intervención de Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, presidente de la Comisión de Responsabilidad Social de la CEOE. ¿Cómo se debe aplicar la ley a la CEOE, con su extensa estructura? Esta es la tarea del legislador, en tanto que la patronal está dispuesta a aceptar lo que se le diga, siempre y cuando el Congreso no ponga trabas a la ya difícil tarea de las empresas y no trate de fiscalizar qué hace con sus recursos privados; como, por ejemplo, el sueldo de sus directivos.

Si los sindicatos han puesto objeciones y han expresado sus quejas por la larga mano de la ley de Transparencia, no menos ha puesto la patronal. La CEOE está dispuesta a dar cuenta del dinero que recibe de fondos públicos, pero en absoluto del uso que hace de los privados. Además, los legisladores deben tener mucho cuidado para que “la acción de la Ley de Transparencia no coarte la actividad de las patronales, sobre todo de las muy pequeñas, que bastantes problemas tienen ya”. Ese es el criterio que ha dejado en el Congreso Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa. ¿Los sueldos de sus directivos serán de dominio público? Lázaro ha pedido a los legisladores que no lo exijan, porque no tienen intención de hacerlos públicos. "Tratándose de personas privadas al servicio de entidades privadas que cobran sueldos privados, no se considera pertinente que las retribuciones de sus altos responsables sean expuestas públicamente", ha dicho con toda claridad. El representante de la CEOE se ha expresado con el máximo énfasis al pedir a los diputados que "no obstaculicen el funcionamiento de las 4.500 entidades que forman parte de la CEOE, algunas de ellas "muy pequeñas" y de un presupuesto anual que no supera los 100.000 euros. Dación de cuentas sobre los convenios de ayudas públicas, sí, pero "no tiene sentido que una entidad privada deba informar de la ejecución del presupuesto o auditar sus cuentas obligatoriamente". Las aportaciones privadas "no deben estar sujetas a los principios" de la futura ley, porque no tienen nada que ver con el sector público, ha insistido.

Para que los parlamentarios fueran conscientes de lo que quiere decir, el dirigente de la patronal ha puesto un ejemplo práctico: "Si unos empresarios del sector del metal deciden contratar a un ejecutivo muy caro que va a abrir las puertas a la internacionalización de esas empresas, no sé por qué tiene que estar dentro del marco de esta ley", ha preguntado.

Entre las recomendaciones, el representante de la patronal ha pedido que se mantengan los cursos de formación que han mejorado la cualificación de los trabajadores españoles. Si ha habido irregularidades o mal uso, han sido "minoritarios" y, por tanto, solo castigar al que "incumpla". Montero ha terminado como empezó: Legislen, pero "sin afectar a la productividad y competitividad de las empresas".

Fuente: El País

Ya tenemos Ley de Gobierno Abierto en Extremadura

El pasado viernes 24 de Mayo, fue publicada la esperada Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, que establece, entre otras cosas, las formas en las que se podrá solicitar información pública, las vías de participación ciudadana como el Consejo Extremeño de Ciudadanos y la creación de un Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana. Éste ofrecerá proactivamente datos relativos derivados de la actividad pública como información acerca de los contratos menores, convenios de colaboración, subvenciones, presupuestos, etc.  Además es de destacar el  Plan de Simplificación Administrativa que dará como resultado una racionalización de la misma. 

La entrada en vigor será el 24 de Noviembre del 2013. Hasta entonces procuraremos remarcar y comentar periódicamente algunos de los artículos más relevantes vía twitter.

Seminarios-debates contra la Corrupción

Transparencia Internacional España organizará dos Seminarios-Debates de caracter eminentemente práctico, y a través de los mismos se tratará de aportar opiniones y propuestas específicas de cara a prevenir y disminuir en lo posible la corrupción, de acuerdo con lo que actualmente demandan de forma inequívoca la sociedad y los ciudadanos.
 
El primero de estos Seminarios se celebrará el próximo 7 de Mayo (Martes), a las 17 h. en la sede de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón (c/ Fortuny nº 53). En él se abordará el tema: Las reformas de los Partidos políticos y el Sistema electoral, tocando aspectos como los siguientes:
  • Reforma de los partidos políticos: La democracia interna y las Elecciones  primarias. Los comités de ética en los Partidos. La transparencia de su gestión y de sus cuentas. Inclusión de los Partidos en la nueva Ley de Transparencia.
  • Reforma del Sistema Electoral: Listas abiertas, cerradas o mixtas. Sistema de proporcionalidad o sistema mayoritario. Distritos uninominales, distritos plurinominales o sistemas mixtos.
En este Seminario intervendrán los siguiente ponentes: Felipe García Ortiz (Tribunal de Cuentas), César Molinas (Escritor y empresario), José Ramón Montero (Catedrático UAM), David Ortega (Catedrático y político), Fernando Vallespín (Catedrático UAM), Manuel Villoria (Catedrático URJC), y Jesús Lizcano (Moderador).
 
Después de la intervención de los ponentes habrá un Debate-coloquio con los asistentes a este acto, en el que se tratará de aportar propuestas para que las formaciones políticas puedan cambiar y acercarse más a las necesidades y demandas de la sociedad, y de paso, que el sistema electoral posibilite a los ciudadanos combatir más efectivamente la corrupción a través de las urnas.
 
La asistencia al Seminario es gratuita. Para más información y para confirmar la asistencia es necesario contactar a través de la dirección transparency.spain@transparencia.org.es
 
El segundo de los Seminarios-debates previstos versará sobre: La investigación penal y la prevención de la corrupción (22 de mayo). El tercer Seminario abordará: Los sistemas de control (internos y externos) de la corrupción (4 de junio).

Asturias, Zaragoza y Andalucía por el Open Government

Estamos asistiendo a un auge en alza, de desarrollos normativos y administrativos, para la puesta en marcha de medidas de transparencia en la gestión de administraciones de diferentes niveles territoriales en España. Sin duda ello es síntoma de que va calando la necesaria filosofía que el gobierno abierto demanda en la política española.
 
Esta mes de marzo de 2013 hemos visto como se desplegaba primero, la Ordenanza de Transparencia Municipal del ayuntamiento de Zaragoza, en que se establecen claramente una serie de indicadores cuantitativos para la medición objetiva de su impacto en la vida de la ciudadanía de la capital aragonesa; y en el que se desarrollan explícitamente sistemas de control y visibilidad para los contratos, convenios y subvenciones firmados, así como todo el tema relativo a presupuestos y rendición de cuentas a los órganos supervisores (no se dice nada sobre un sistema de supervisión del gasto corriente y de forma actualizada) y la gestión de altos cargos y retribuciones de los mismos en el ente local.
 
Sin duda este esfuerzo en gestión de la transparencia municipal ha de ser un ejemplo a seguir en el resto de los municipios españoles y especialmente en los que configuran la lista de los 25 más poblados de España, como ejemplo de claridad en la gestión.
 
Pero además la web del Principado de Asturias ha puesto en conocimiento ciudadano su nuevo Portal de Transparencia, en el que aparte de información institucional, dará a conocer los presupuestos y estados financieros de la comunidad autónoma, así como todo lo concerniente a licitaciones y contratos (incluyendo los menores, lo cual lo aplaudimos desde #oGov), y de especial relevancia todo lo concerniente a la ordenación del territorio y del medio ambiente.
 
Para lleva a cabo esta iniciativa, se basan en los artículos 9.2 y 23.1 de la Constitución Española o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
 
Estaremos expectantes, para ver como en los futuros meses el Portal va a adquiriendo dimensión y de cómo se realiza el tratamiento de los metadatos que origine para que se desarrolle un sistema de Open Data que vaya en consonancia con el sistema de gobierno abierto en ciernes que se vislumbra en Asturias.
 
Además, desde #oGov estamos pendientes sobre como se desarrollará el marco legislativo autonómico que se va a crear en Andalucía, mediante su Ley de Transparencia, en actual fase de desarrollo parlamentario, que sin duda puede y debe ser un marco referencial para entes regionales en España y la Unión Europea, sobre como gestionar sistemas de gobierno abierto con un marco jurídico propio.
 
Pero, no nos olvidemos, todo este marco digital y reglamentario no servirá de nada si no se impulsan acciones políticas y laboratorios políticos de gobierno abierto en el territorio que ayuden a hacer de este sistema un nuevo software cívico, que reinicie el sistema operativo de la democracia
 
Escrito por Francisco Luís Benítez
Fuente: Autoritas.es