El próximo Miércoles 10 de Julio en Badajoz, Apitex participará en el curso de Verano de la Universidad de Extremadura titulado "La responsabilidad social a debate en un contexto de crisis", que contará con destacados expertos en este área y empresas que han integrado políticas de responsabilidad social en sus actividades.
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Apitex participa en una jornada formativa celebrada en Mérida sobre Gobierno Abierto
Apitex ha participado este jueves en las jornadas sobre la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, celebradas en el marco del Plan de Formación 2013 de la Escuela de Administración Pública, con la ponencia 'Políticas de Transparencia en la Iniciativa Privada”.
En esta ocasión, más de cien personas trabajadoras de la Administración regional han podido disfrutar de las jornadas que se han celebrado durante los días 26 y 27 de junio en la Escuela de Administración Pública de Mérida, y han contado con la presencia de destacados referentes en el ámbito del derecho y los representantes de los grupos políticos que conformaron la Comisión para el desarrollo de la Ley de Gobierno Abierto.
En este sentido, el presidente de Apitex, Antonio Campos, ha asegurado que “el Gobierno Abierto debe ser una estrategia que revise los procesos administrativos aplicando la tecnología del Siglo XXI”.
Igualmente, ha afirmado que “el sector infomediario tiene una cifra de negocio potencial que oscila entre 5 y 9 millones de euros siendo una fuente real de creación de empleo”. Además, durante la presentación ha mostrado múltiples ejemplos de servicios creados gracias a la reutilización de información pública, tal y como informa Apitex en nota de prensa.
Cabe destacar que las jornadas han sido clausuradas por la Vicepresidente Primera de la Asamblea de Extremadura, Consuelo Rodríguez Píriz.
Fuente: http://www.extremaduradehoy.com
Transparencia y el Congreso de los Diputados
Las palabras de la vicepresidenta del Ejecutivo Español acerca de la ausencia de Ley de transparencia -… acceso a la información pública y buen gobierno, que siempre tenemos que apostillar en España aquello que ya otros inventaron- supusieron un gran revuelo que caló profundamente en la sociedad –entre risas y jolgorios-. Según indicó este alto cargo, esta falta de legislación en un aspecto tan importante y preocupante para la ciudadanía supone“[…] Una laguna injustificable en el ordenamiento jurídico español que va a obligar a la necesaria rendición de cuentas de la Administración, y de todos los cargos públicos, electos y no electos […]”. El primer pensamiento que nos ofrecen estas palabras resulta ser un triste y evidente corolario deducible de forma directa e inmediata: Entonces, ¿hasta ahora la administración y los cargos públicos, electos y no electos, no han rendido cuentas? Por desgracia esto no es un pensamiento retórico, ni tan siquiera una reflexión demagógica, se trata de un hecho más que constatable al tenor de los acontecimientos que nuestra imparable sociedad de la información viene poniendo de manifiesto frente a la decimonónica actuación de nuestro sistema – a pesar de que nosotros lo estrenamos hace menos de cuarenta años-. El segundo pensamiento, tal vez e increíblemente más grave aún, es el que nos lleva a pensar irremediablemente que, dando por veraz la primera deducción, ha existido una impunidad total por parte de aquellos que, al existir “[…] Una laguna injustificable en el ordenamiento jurídico español […]”, decidieron hacer de su capa un sayo y ocultar procedimientos, manipulaciones, malversaciones, tráfico de influencias y toda suerte de comportamientos “anómalos” –recuérdese que no tenemos aún ley de transparencia- para beneficio propio o de sus interesados congéneres y amiguitos.
El Congreso de los Diputados, maleducada e irrespetuosamente vacío, en sesión celebrada el 30 de mayo de 2013, discutió y permitió, tras ciertas concesiones en forma de enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios no gobernantes –retiradas para “consuelo” de los expectantes ciudadanos que encontrarán una aprobación consensuada de la Ley-, que esta Ley de Transparencia y Buen Gobierno, cuyo proyecto aprobó el partido mayoritario hace casi un año, siga su proceder. Es verdad que encontramos en el proyecto de Ley grandilocuentes frases y no menores intenciones, sin embargo la sensación de que no se trata más que de un proceder para un lavado de cara no me deja de rondar la cabeza. El Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de las Cortes Generales, correspondiente a la X Legislatura, con referencia al “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, de la sesión plenaria núm. 111 celebrada el jueves 30 de mayo de 2013 dice con respecto al resultado de la votación –decido saltarme la argumentación que hace el representante de uno de los partidos acerca de la justificación del silencio administrativo negativo por banal, pero invito a que sea leída por chistosa y divertida-:
AVOCACIÓN POR EL PLENO.
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación, pedido por diversos grupos, la avocación del proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Hay un voto emitido telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320, más 1 voto telemático, 321; a favor, 320; en contra, 1 voto telemático.
El señor PRESIDENTE: El voto emitido telemáticamente me han dicho que ha sido un error.
Queda avocado a Pleno.
Es decir, de los 350 diputados que tiene el Congreso emitieron su voto 320 –el telemático parece que fue un error-; todos a favor. Consenso: magnífico, democrático, maravilloso, pero una lectura pormenorizada de ese acta resuelve lo que anticipaba previamente, esto es, la anulación “pactada” de las enmiendas y lo que es más grave, la falta de compromiso de los parlamentarios. Me explico: en el momento de la votación el número de asistentes es elevado, pero las imágenes que ofrecen los medios de comunicación sobre las discusiones de la sesión plenaria previa debería avergonzar a los representantes políticos, ya que a duras penas se llenaba la mitad del hemiciclo. Sin embargo, voy más allá: todas las votaciones de las enmiendas previas –que pueden consultarse en el Diario de Sesiones- reflejan un porcentaje de voto exquisitamente idéntico, lo cual denota una paridad de criterios entre los diputados memorable o bien una férrea disciplina de partido –que también puede ser efecto colateral de ese sectarismo con el que parecen funcionar los partidos políticos-. En cualquiera de las dos circunstancias y, a la vista de nuestra futura “Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, me gustaría lanzar una propuesta –ya sé que no tiene condición de enmienda, aunque puede que alguien quiera presentarla como iniciativa legislativa popular- que es la de reducir el número de diputados por partido a uno, con el porcentaje de representación correspondiente que en las urnas le haya sido otorgado a su partido por los ciudadanos, claro está –en eso no se puede dejar de ser democrático-. Con este sencillo ejercicio de responsabilidad democrática y, a la vista de la falta de opinión, reflexión y de juicio propio e individual que manifiestan los diputados de los diferentes partidos, incapaces de manifestarse en contra de las líneas ideológicas de los mismos y por tanto, siempre fieles al pensamiento común, conseguiríamos economizar las manidas y escuetas arcas estatales, otrora tan rebosantes, que podríamos hacer extensible a otros órganos constitucionales, con lo que tal vez, solo tal vez, lograríamos el mismo nivel de transparencia, pero un ahorro infinitamente mayor.
Rubén Cabecera Soriano
Sindicatos y patronal se someten a la Ley de Transparencia pero sin injerencias
Los sindicatos quieren estar sometidos a la futura Ley de Transparencia, pero con límites, para que los poderes públicos no cometan actos de injerencia, pues la autonomía de estas organizaciones está garantizada por la Constitución y la Ley de Libertad Sindical. Esta es la posición, como principio general, de los dos principales sindicatos, CC OO y UGT, ante la decisión del Parlamento de incluirlos en la Ley de Transparencia, que empieza su tramitación en el Congreso.
Los representantes de CC OO y UGT han sido llamados por la Comisión Constitucional del Congreso para dar cuenta de su visión de la ley, toda vez que serán incluidos en ella. Las preguntas de los diputados, singularmente del PP, se han orientado hacia la financiación de los sindicatos. Las dos organizaciones consiguen con las cuotas de sus afiliados, más de un millón cada una de ellas, cubrir el 70% de sus gastos. Así lo han asegurado el secretario de Estudios de CC OO, Rodolfo Benito, y el secretario de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell. Estos han diferenciado la financiación ordinaria de los recursos públicos que obtienen para programas concretos. “Eso no es financiación, sino partidas finalistas para cursos o programas tasados”, han reiterado.
La sesión ha transcurrido con corrección, pero los sindicatos han aprovechado la ocasión para hacer un discurso reivindicativo de las regulaciones legales pendientes para ellos, además de hacer un dibujo negro de la situación económica y social de España, en tanto que el Gobierno persiste “en las mismas políticas". A esto no ha habido respuesta por parte de ningún representante, a excepción del de Izquierda Plural, José Luis Centella, solo para explicar la sintonía de su grupo con los sindicatos.
“No es lo mismo el pleno de concejales del Ayuntamiento de Segovia que la comisión ejecutiva de CC OO", ha señalado Rodolfo Benito, en respuesta a las preguntas del portavoz del PP, Esteban González Pons, sobre qué aspectos los sindicatos consideran que no deben ser controlados en relación con otras instituciones. “Nosotros tenemos contrapartes”, ha señalado el dirigente de CC OO, por lo que no pueden dar a conocer las estrategias que utilizan “frente al Gobierno, la CEOE o las empresas cuando se trata, por ejemplo, de la negociación colectiva”.
Si se trata de controlar el dinero que los sindicatos reciben de fondos públicos, ningún problema, han dicho tanto Monell como Benito. Ambos han remitido a las páginas web de sus organizaciones a cualquiera que quiera acceder a sus cuentas, sobre las que se ha mostrado especialmente interesado el portavoz del PP. Ninguno de los dos sindicalistas tenía “en la cabeza” las cifras, pero ambos han asegurado que con las cuotas de sus afiliados –“de distinta cantidad"– cubren el 70% de sus gastos. Los dos afirman contar con algo más de un millón de cotizantes reales.
Una vez conscientes de que el Parlamento les va a incluir en la ley, se han mostrado a favor, pero de inmediato han aprovechado la tribuna para hacer peticiones. “No tenemos ley de financiación como sí tienen ustedes, los partidos; está sin desarrollar la Ley de Libertad Sindical y tampoco se ha regulado el mandato constitucional de la regulación de la participación institucional”. Estas demandas son coincidentes en los dos sindicatos, aunque el representante de CC OO ha estirado más la tabla reivindicativa, para incluir exigencias sindicales de los últimos meses: “Para la regeneración democrática debería haber un cambio en la ley de partidos, en la Ley Electoral y un cambio en la ley que regula la Iniciativa Legislativa Popular y la de referendos para que sean vinculantes”.
Qué son los sindicatos y cuál es su papel ha sido un recordatorio que los líderes sindicales no han dejado de reiterar en su intervención, para poner en valor su relevancia en la estructura jurídica y constitucional de España. “Nosotros no representamos solo a nuestros afiliados, sino a todos los trabajadores, y en nuestra función está la defensa del interés general”, han proclamado. Y se lo han reconocido Rafael Larreina, de Amaiur; José Luis Centella, de IU; Jordi Jané, de CiU; Emilio Olabarría, del PNV; José Enrique Serrano, del PSOE, y Esteban González Pons, del PP, por este orden de intervención. No obstante, las preguntas del diputado popular han sido las de más intención fiscalizadora, aunque todo en un tono comedido.
“¿Cuando dicen ustedes que tienen que estar sometidos otras instancias, a quién se refieren, al llamado cuarto poder, por ejemplo?”, les ha preguntado González Pons. Monell, de UGT, ha recogido el guante: “En la medida que reciban fondos públicos, por qué no. ¿Y la banca, que recibe fondos públicos? No puede ser que unos sí y otros no”.
La pertinencia de que sindicatos y patronal pasen por la Comisión Constitucional está justificada por lo que de ellos se dice en el artículo 7 de la Constitución: “Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”. Los sindicatos, no obstante, además de la relevancia constitucional que se les da, quieren reivindicar otras leyes, como, por ejemplo, la de Libertad Sindical, que garantiza su autonomía. En su regulación habrá que tener en cuenta estos principios. No es tarea fácil, ha advertido el portavoz socialista, José Enrique Serrano. No se olvide que el incumplimiento de lo que marque la ley “llevará aparejado una sanción”.
La complejidad de aplicar la Ley de Transparencia a las 4.500 organizaciones que componen la CEOE ha sido otra constante tras la intervención de Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, presidente de la Comisión de Responsabilidad Social de la CEOE. ¿Cómo se debe aplicar la ley a la CEOE, con su extensa estructura? Esta es la tarea del legislador, en tanto que la patronal está dispuesta a aceptar lo que se le diga, siempre y cuando el Congreso no ponga trabas a la ya difícil tarea de las empresas y no trate de fiscalizar qué hace con sus recursos privados; como, por ejemplo, el sueldo de sus directivos.
Si los sindicatos han puesto objeciones y han expresado sus quejas por la larga mano de la ley de Transparencia, no menos ha puesto la patronal. La CEOE está dispuesta a dar cuenta del dinero que recibe de fondos públicos, pero en absoluto del uso que hace de los privados. Además, los legisladores deben tener mucho cuidado para que “la acción de la Ley de Transparencia no coarte la actividad de las patronales, sobre todo de las muy pequeñas, que bastantes problemas tienen ya”. Ese es el criterio que ha dejado en el Congreso Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa. ¿Los sueldos de sus directivos serán de dominio público? Lázaro ha pedido a los legisladores que no lo exijan, porque no tienen intención de hacerlos públicos. "Tratándose de personas privadas al servicio de entidades privadas que cobran sueldos privados, no se considera pertinente que las retribuciones de sus altos responsables sean expuestas públicamente", ha dicho con toda claridad. El representante de la CEOE se ha expresado con el máximo énfasis al pedir a los diputados que "no obstaculicen el funcionamiento de las 4.500 entidades que forman parte de la CEOE, algunas de ellas "muy pequeñas" y de un presupuesto anual que no supera los 100.000 euros. Dación de cuentas sobre los convenios de ayudas públicas, sí, pero "no tiene sentido que una entidad privada deba informar de la ejecución del presupuesto o auditar sus cuentas obligatoriamente". Las aportaciones privadas "no deben estar sujetas a los principios" de la futura ley, porque no tienen nada que ver con el sector público, ha insistido.
Para que los parlamentarios fueran conscientes de lo que quiere decir, el dirigente de la patronal ha puesto un ejemplo práctico: "Si unos empresarios del sector del metal deciden contratar a un ejecutivo muy caro que va a abrir las puertas a la internacionalización de esas empresas, no sé por qué tiene que estar dentro del marco de esta ley", ha preguntado.
Entre las recomendaciones, el representante de la patronal ha pedido que se mantengan los cursos de formación que han mejorado la cualificación de los trabajadores españoles. Si ha habido irregularidades o mal uso, han sido "minoritarios" y, por tanto, solo castigar al que "incumpla". Montero ha terminado como empezó: Legislen, pero "sin afectar a la productividad y competitividad de las empresas".
Fuente: El País
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