Está en las antípodas de la transparencia y la participación el hecho de no incorporar las expectativas de los grupos de interés en la definición de una norma. Una norma que así se hiciera nacería sin ninguna legitimidad social y podría entenderse como una excusa para ensalzar determinados aspectos populistas que distan del verdadero valor que aporta el gobierno abierto.
Por el contrario, una norma que si incorpore las expectativas de los stakeholders aportaría un gran avance social, y sería una herramienta perfecta para integrar las inquietudes sociales en la toma de decisiones.
La decisión indicará la voluntad de la norma...más allá del objeto legal.
