Esperemos que en el futuro no se pueda ser transparente, y no serlo, al mismo tiempo.
Son
muchas las fuentes que coinciden en el diagnóstico del origen de la
crisis, asociándolo en buena medida a la ausencia de transparencia, más
en concreto a fallos de regulación y supervisión, esto plantea una
cuestión importante: ¿quién se ocupa de la transparencia como bien común
en el sistema financiero en particular, y de la democracia en general? O,
al menos, ¿quién se responsabiliza de las consecuencias de las
decisiones individuales sobre otras personas, incluida la ocultación y/o
manipulación de información?
Podríamos
pensar que el primer candidato es el propio mercado. Pero la crisis ha
puesto de manifiesto que, por sí solo, el mercado no está en condiciones
de asumir esta responsabilidad cuando hay “fallos del mercado”, como la
existencia de bienes públicos (la confianza es un bien público, y su
pérdida produce un daño a todos), las externalidades (como la caída de
precios de un activo provocada por las ventas en otro mercado), la
existencia de mercados incompletos o los sesgos de conducta (como el
exceso de optimismo), el exceso de información, o la información
imprecisa, como práctica habitual de opacidad, etcétera. Es
aquí donde muchos detractores de la regulación coinciden en normalizar y
regular la información de los mercados haciéndola accesible a todos los
grupos de interés propiciando así la autorregulación real.
Otro
segundo candidato podría ser el Estado. La ley de transparencia no es
más que reconocer al Estado –a su capacidad reguladora–, como el
candidato tradicional a asumir ese papel, especialmente mediante la
consideración de todas las variables relevantes en el corto y en el
largo plazo, es decir, planteándose una amplia gama de efectos posibles
de las acciones de los distintos agentes y de las regulaciones en vigor.
Pero lo que hemos presenciado en los últimos años ha sido un conjunto
de fallos también del regulador y del supervisor. Con lo cual el Estado,
tal y como lo concebimos actualmente, no nos ofrece garantías de éxito
en esta regulación. El estado debe usar el nuevo potencial que ofrece
una ciudanía activa, y participativa, para darle más
responsabilidad en la gestión, y en la denuncia, creando un nuevo
concepto de sociedad inteligente.
Por
último, en materia de transparencia ¿tienen las empresas alguna
responsabilidad sobre los efectos de sus acciones en otras personas y
entidades? Sí, si aceptamos que la responsabilidad moral incluye la
asunción de las consecuencias de las acciones pasadas y la evitación o
corrección de sus efectos razonablemente esperados en el futuro. Y el
hecho de que haya reguladores y supervisores no elimina por completo ese
deber, aunque los problemas sean complejos y cada institución sólo
pueda entrever algunas de esas consecuencias. El nuevo papel de las
empresas en la sociedad hará que impongan la transparencia como una
herramienta de competitividad, exigiéndola a otras empresas y
administraciones y ofreciéndola a los mercados y clientes. Aquella
organización que no esté adaptada a este nuevo mundo atravesado por las
telecomunicaciones no hará sostenible su posición competitiva.
Inspirado en el documento de investigación ¿PUEDE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA AYUDAR A ENTENDER LA CRISIS FINANCIERA? Del profesor Antonio Argandoña en IESE Business School
