Mucho tiene que cambiar la información económica oficial para que llegue a tener una mínima utilidad social y permita ofrecer soluciones de cara a afrontar la profunda crisis actual. La transparencia económica es una regla esencial del funcionamiento democrático y los ciudadanos tienen derecho a estar más y mejor informados en el terreno económico. Se hace urgente, en definitiva, una democratización de la información económica en sus diferentes niveles.
Conocer y cambiar para remediar la crisis. Una razón esencial de lo inamovible de la actual crisis económica (y no solo en España) es el insuficiente nivel de comprensión de la misma, de sus causas, de sus mecanismos y sus lastres, y por tanto de las posibles soluciones para salir de ella. De cara a poder vislumbrar algunas soluciones para atajarla, o al menos debatir socialmente cómo salir de la misma, habría que cambiar en buena medida la información económica que se elabora y difunde desde las instancias públicas, y ello con el apoyo e incluso el impulso del Parlamento.
Tanto la información macroeconómica como la información microeconómica relativa al sector público son claramente insuficientes, y en la mayoría de los casos ininteligibles por el ciudadano medio, incluso por los propios economistas; se hace por ello urgente conseguir dos objetivos: a) Nuevos patrones de elaboración y presentación de los datos económicos, y b) Un mayor nivel de intensidad y transparencia en la divulgación social de esta información.
Estructuras informativas socialmente inoperantes. Un buen número de las macromagnitudes que sirven como referencia a nivel oficial, comenzando por el producto interior bruto y la medición del crecimiento económico en base al mismo, son realmente obsoletas; la propia contabilidad nacional es un sistema de información tan complejo como inoperativo y en absoluto ajustado a los problemas y necesidades de la economía y la sociedad (consecuente en buena parte con la inutilidad social de sistemas como el SEC 95 y demás reglas contables emanadas de Bruselas).
Tampoco cumplen esa función las numerosas y a menudo frondosas series de datos estadístico-contables del INE. Y qué decir de la información del sector público, que parece que con la asunción (incompleta) del principio de devengo ya ha alcanzado su quintaesencia informativa, cuando en la práctica no deja de ser un conjunto de datos agregados y alineados por capítulos y subcapítulos, cuyas únicas aspiraciones parece que son el simple cumplimiento del principio de legalidad y las correspondientes normas contables y presupuestarias. En resumen, la información económica pública, tanto macro como micro, ha de ir mucho más allá, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo.
Diferenciación y nuevas formas de información. Para mejorar esta situación se deberían asumir nuevos modos de diferenciación en la información económica, y ello en función de distintos fines, e incluso valores sociales, siguiendo por ejemplo la filosofía del análisis discriminante. Habría así que considerar que no todos los euros son iguales en el gasto público, y distinguir claramente en su presentación los gastos corrientes operativos de los no operativos, así como los euros invertidos respecto a los gastados (los primeros generan más confianza que los segundos, aunque todos sean gastos en la contabilidad pública).
También podrían diferenciarse los distintos segmentos del déficit público: operativo, atípico, por prestaciones sociales, así como el sangrantemente alto déficit financiero; o también distinguirse el déficit coyuntural (con proyección a corto plazo) y el estructural (a largo plazo). Sería igualmente importante, por ejemplo, publicar el retorno económico y social de los distintos gastos públicos (aunque a veces nadie lo vea), los datos de las balanzas fiscales territoriales, el patrimonio que poseen cada una de las entidades públicas, así como exigir y publicar una memoria justificativa de sus gastos a cada una de las instituciones públicas de este país. Y puestos a pedir, se podrían diferenciar claramente los datos de la economía productiva y de la economía especulativa, de cara a intensificar en lo posible la política fiscal y los gravámenes hacia esta última.
Necesidad de un portal público de información económica. Por otra parte, y de cara al segundo objetivo de mayor transparencia social y democratización de la información económica, sería importante crear un portal público que se ocupase de ofrecer a los ciudadanos aquellos indicadores y datos económicos más importantes, básicos y de interés general, para que, asomándose a la web de dicho portal, pudiesen disponer de una radiografía simple, integral y permanente de la economía española; ello serviría, además, para aumentar la cultura económica de la ciudadanía, para fomentar la participación social y como catalizador de ideas y propuestas de los propios ciudadanos.
Deberían ser datos e indicadores que la mayoría de los ciudadanos pudieran entender fácilmente, pertenecientes a los distintos ámbitos y sectores de la economía: público, empresarial, social, financiero, laboral, etcétera, comenzando, por ejemplo, con no más de cien indicadores, debidamente actualizados; debería ser además un cuadro de datos desgranables, de forma que cada uno de ellos se pudiera desagregar online, accediéndose al origen, las fuentes y los distintos niveles de detalle de sus cifras.
La importancia de un consenso político. En tanto los partidos políticos se deciden algún día a hacer política con mayúsculas a través de un amplio pacto de estado en materia económica, podrían ir mientras abriendo boca y llegar al menos a un acuerdo sobre aquella información económica que pueda resultar de interés general para los ciudadanos, y que se debiera publicar en ese portal público; información que debería ser propiciada y/o tutelada por el Parlamento, como garante de la adecuación y objetividad de los datos publicados y ofrecidos a los ciudadanos. El citado acuerdo sería un logro político colectivo, un juego de suma positiva, en el que todos los partidos políticos, y sobre todo los ciudadanos, saldrían ganando.
Y ahí estamos los economistas... Esta información económica de interés común no debería ser únicamente responsabilidad de los políticos y parlamentarios, sino que sería una buena ocasión para movilizar las fuerzas pensantes de los ciudadanos en general y de los economistas en particular. Al menos una parte de las decenas de miles de economistas de distintas generaciones que hay en este país, tanto en el sector público, como en las empresas y en las universidades, podríamos así despertar de ese supuesto y criticado letargo que padecemos, y poner en valor nuestros conocimientos y experiencia para compartir desinteresadamente esa importante empresa común de aportar ideas y propuestas para una mejor y más asequible información económica en este país. No estaría mal intentarlo, y a ver qué ocurre.
Jesús Lizcano Álvarez es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Transparencia Internacional España.
Fuente: El País
