Edward Snowden nombrado personaje del año por Apitex

La Asociación para la Promoción y el Impulso de la Transparencia en Extremadura (APITEX) reconoce el importante impacto positivo que han tenido las revelaciones de Snowden en la libertad personal.

En junio de 2013, Snowden, un consultor tecnológico estadounidense, antiguo empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), hizo públicos, a través de los periódicos The Guardian y The Washington Post, documentos clasificados como alto secreto sobre varios programas de la NSA, incluyendo el programa de vigilancia PRISM. El motivo de las filtraciones era destapar el "estado de vigilancia" existente en Estados Unidos. 

Snowden comentó que no puede "en conciencia, permitir al gobierno de EE. UU. destruir la privacidad, la libertad en internet y las libertades básicas de la gente de todo el mundo con esta gigantesca máquina de vigilancia que están construyendo en secreto", refiriéndose al programa PRISM.

Hoy, sólo seis meses después, las actividades del programa PRISM son conocidas a nivel mundial, habiéndose cuestionado desde la ética algunos elementos del programa.

Por todo esto, Apitex ha considerado que Snowden ha contribuido de forma ejemplar a impulsar la ética en los programas de inteligencia, la transparencia y la lucha contra la corrupción. 

Snowden se ha impuesto a personalidades como Jesús Lizcano, de Transparencia Internacional, David Cavo, de Civio, Jordi Evole, periodista, Julian Assange, de WikiLeaks, o instituciones como son los Gobiernos de Extremadura o de Navarra. 

El nombramiento de personaje del año es una distinción honorífica que APITEX realiza en base de las propuestas de sus socios. Este año 2013 ha sido la primera edición de este nombramiento, que el año que viene incorporará una distinción negativa para aquellas personas o instituciones que menos han contribuido al impulso de la transparencia.

La Junta ya está obligada a colgar en Internet los contratos públicos

Los detalles de cada contrato público; el sueldo y los méritos del personal elegido 'a dedo'; o cómo se está ejecutando el presupuesto vigente son algunas cuestiones sobre las que la Junta de Extremadura ya está obligada a dar publicidad por ley. Ni siquiera hará falta solicitar esta documentación pues el Gobierno autonómico deberá colgarla en Internet. Se hará a través del Portal Electrónico de Transparencia y Participación Ciudadana, que pretende ser la vía de acceso a una información pública que habitualmente se custodia con exceso de celo.

El nuevo sitio de Internet donde se aireen todos estos datos estará operativo en los próximos días, aunque desde la Consejería de Administración Pública aún no concretan la inminente activación de este portal, según justifican, porque está recibiendo las últimas aportaciones de los grupos políticos.
Ya han transcurrido más de seis meses desde que el Diario oficial de Extremadura publicara la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, por lo que ya está en vigor un texto legal de 44 artículos, que aspira a ofrecer la máxima transparencia posible por parte de los políticos y su gestión de cara a los ciudadanos.

«Es un poco confuso»

Según tres de los diputados que participaron en la elaboración de esta Ley, Francisco Ramírez (PP), Víctor Casco (IU) y César Ramos (PSOE), la información estará colgada «en cuestión de días». El miércoles pasado los técnicos les mostraron cómo había quedado el portal por si querían realizar las últimas matizaciones. Para Ramírez, «el resultado ha superado las expectativas del legislador». La observación de Casco fue que era «un poco confuso porque te mandaba de enlace en enlace», pero en términos generales lo valoró satisfecho, igual que Ramos, quien destaca que los datos se ofrezcan en tablas con las que el ciudadano puede trabajar para sacarle más partido a la información.

Este sitio web se divide en dos partes, el de los datos y el de la participación ciudadana. El primero, según Ramos y Casco, puede estar operativo en cuanto la Junta de Extremadura quiera.

El apartado de Participación Ciudadana necesitaría algunos ajustes para que sea más atractivo a los extremeños, según el diputado socialista, cuyas últimas sugerencias se han basado en que las preguntas ciudadanas se sepa quién las responde, así como concretar el protocolo para decidir lo que se sube o no a Internet de entre las aportaciones de los extremeños.

Para Ramos, la referencia está en un portal similar que tiene el Gobierno vasco (Irekia), donde junto a cada duda o aportación ciudadana aparece la respuesta, quién la da y cuánto tiempo ha pasado desde que se formuló la pregunta.

La Ley de Gobierno Abierto, a través de este Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadanas, recogerá entre otros datos los contratos adjudicados, con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones, prórrogas y variaciones de plazo o de precio.

También los detalles y procedimientos que no conlleven publicidad en los diarios oficiales, cuando superen 12.000 euros para los contratos de suministro y servicios y 30.000 en los contratos de obra. Y los contratos, incluyendo los menores cuya cuantía vaya de 6.000 a 12.000 euros, si son servicios o suministros, y de 6.000 a 30.000 euros, si son obras, con indicación de los licitadores, cuando se haya podido promover concurrencia, criterios de adjudicación, valoración y ofertas presentadas y el adjudicatario.

Personal de confianza

Otras cuestiones que incluirá este portal de Internet son planes urbanísticos. En el caso de personal los procedimientos de libre designación, la selección de directivos y laborales de alta dirección; candidatos y méritos aportados, así como su remuneración si ésta supera los 50.000 euros anuales.

En el caso de directivos y laboral de alta dirección se publicarán además los objetivos que se les hayan fijado y los resultados obtenidos de acuerdo con el procedimiento por el que deban evaluarse.
También se trasladarán a este portal las declaraciones de actividades, como las de bienes y derechos o intereses de diputados de la Asamblea de Extremadura, los altos cargos de la Junta de Extremadura y otros cargos públicos.

Fuente: HOY

LA TRANSPARENCIA DEBE ESPERAR

Se aprueba la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, pero sólo entra en vigor el título II.

Tras dos años de andadura y debate hoy ha sido aprobada la ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, que entrará en vigor de forma íntegra en 2016. Como pueden ver en la disposición novena, a la que apitex ha tenido acceso y la cual pueden encontrar en el enlace, la entrada en vigor es sólo del ´Título II, título que para nada tiene que ver con la transparencia pues se ocupa principalmente del buen gobierno.

Disposición final novena Entrada en vigor.


La entrada en vigor de esta ley se producirá de acuerdo con las siguientes reglas:

— Las disposiciones previstas en el Título II entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

— El Título Preliminar, el Título I y el Título III entrarán en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

— Los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley.

Les dejamos el texto íntegro:

http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_274_2030.PDF

Desde apitex consideramos este hecho como una pérdida de oportunidad para mejorar las instituciones públicas, su conexión con la ciudadanía y sobre todo, la perdida de una oportunidad para luchar contra la corrupción. Ahora entendemos normal el comportamiento de las Comunidades Autónomas en lo que a desarrollo de normativa propia se refiere.

Comportamiento desigual de las diputaciones extremeñas en materia de Transparencia


La Diputación de Badajoz pasa del lugar 34 al 13 mejorando su puntuación de 31 a 86.3 puntos; por el contrario la Diputación de Cáceres sufre un importante retroceso pasando de la posición 24 a la 30 retrocediendo 20 puntos en materia de transparencia.


Se acaban de publicar los resultados del Índice de Transparencia de las Diputaciones (INDIP) 2013, elaborado por la organización Transparencia Internacional España, para medir, a través de un conjunto de 80 indicadores, el nivel de transparencia de cuarenta y cinco Diputaciones (incluídas las Diputaciones Forales, y algunos Cabildos insulares y Consells baleares). Es la segunda edición que se lleva a cabo de este Índice.

El aspecto más destacable de los resultados del INDIP 2013 es el notable aumento que por término medio han alcanzado las Diputaciones en su valoración final, ya que mientras que en la anterior edición de este Índice la valoración media fué de 48´6 sobre 100, en este ocasión la puntuación media de las cuarenta y cinco Diputaciones ha ascendido a 69´6 por 100, lo que denota el importante esfuerzo de transparencia y apertura informativa que en general han hecho las instituciones.

Aunque hay todavía un cierto grado de disparidad en el conjunto de las puntuaciones globales, ha disminuido sin embargo significativamente el número de Diputaciones Suspensas, ya que en la anterior edición fueron 27 las que no llegaron a 50 sobre 100, mientras que en la presente edición sólo son 9 las Diputaciones que no han alcanzado el Aprobado. Por otra parte, en 2012 sólo dos Diputaciones habían alcanzado la calificación de Sobresaliente (90 ó más sobre 100), mientras que en esta edición han sido once las Diputaciones que la han conseguido.

Las Diputaciones ganadoras en esta edición del INDIP son León y Valladolid, que han obtenido la máxima puntuación, siendo destacables igualmente las puntuaciones obtenidas por Orense, Tarragona, Vizcaya, Palencia, Valencia, Granada, Lugo, Barcelona y Huelva, que han obtenido la puntuación de Sobresaliente. Hay además doce Diputaciones que han alcanzado la valoración de Notable (entre 70 y 89), mientras que otras trece entidades han obtenido el Aprobado, con unas puntuaciones entre 50 y 69.

Cabe destacar, por otra parte, que casi dos tercios de las Diputaciones (29 de las 45 evaluadas) han creado un Portal específico de transparencia dentro de sus páginas webs, recogiendo en el mismo los indicadores del INDIP, lo cual viene a evidenciar su clara voluntad de hacer pública la variada información que se recoge en este Índice de transparencia.

En cuanto a las distintas Áreas de Transparencia, una asignatura pendiente que siguen teniendo las Diputaciones en general es su Transparencia económico-financiera, ya que la media colectiva en este área es de 60´2 sobre 100, aunque el área en la que han obtenido por término medio una menor puntuación es la que hace referencia a los indicadores de la nueva Ley de Transparencia (según el proyecto de Ley), obteniendo una puntuación de 58´7 sobre 100, siendo concretamente quince las Diputaciones suspensas en este Área de transparencia, lo que indica que aunque la mayoría de las instituciones están relativamente preparadas para la publicación de las informaciones previstas en esta próxima Ley, hay todavía un tercio de las mismas que no publican una parte significativa de los datos que van a ser exigidos obligatoriamente por la inminente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

De las seis Áreas de transparencia evaluadas (en el INDIP), la que presenta una mayor puntuación media global es la referente a las Relaciones con los ciudadanos y la sociedad, en la cual la media colectiva alcanza 83´2 sobre 100. Otras tres áreas en las que se obtiene por término medio un Notable son: Transparencia en contrataciones de servicios (76´1), Transparencia en materia de servicios y apoyos a Municipios (75´4) e Información sobre la propia Diputación Provincial (73´0).

Si se lleva a cabo una segmentación de las Diputaciones en tres Grupos de tamaño (según la población provincial): a) Pequeñas (de menos de 400.000 habitantes; b) Medianas (entre 400.000 y 800.000) y Grandes (más de 800.000), el colectivo de las quince Diputaciones Grandes es el que alcanza una puntuación media mayor (71´9), mientras que el conjunto integrado por las quince Diputaciones Pequeñas queda en el segundo lugar del ranking, con una puntuación media de 69´4, siendo finalmente, las quince Diputaciones consideradas como Medianas son las que obtienen una puntuación media más baja (67´5).

Por otra parte, es importante recordar que en este Índice, lo mismo que ocurre en otros Índices de transparencia que elabora TI-España, sólo se valora si la información requerida está o no públicamente disponible, pero no se evalúa la calidad de la información publicada, ni tampoco la calidad de la gestión de los gobiernos provinciales. Cabe destacar finalmente que los resultados medios obtenidos en esta segunda edición del INDIP (69´6) son más altos que los que se alcanzaron en la segunda edición (2009) del Índice de Transparencia en los Ayuntamientos (64´0), así como también respecto a los obtenidos por término medio en la segunda edición (2011) del Índice de Transparencia en la Gestión del Agua (59´6), aunque son claramente inferiores a la puntuación media habida en la segunda edición del Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (79´9). Se confirma en todo caso que al igual que ha ocurrido progresivamente en los Ayuntamientos, en los Organismos del Agua, y en las Comunidades Autónomas, las Diputaciones también han mejorado sus respectivos niveles de transparencia en la segunda edición de su Índice.


Consulta el estudio completo en http://www.transparencia.org.es

Avances en materia de transparencia a nivel nacional e internacional

En los últimos meses se han producido distintos avances a nivel nacional e internacional para el fomento de la transparencia tanto en el ámbito público como privado.

En el plano nacional, el 18 de septiembre se publicó el Proyecto de Ley de Transparencia, que destaca que se incluirán temas vinculados a transparencia del sector público en el próximo Plan Nacional de Responsabilidad Social Empresarial.

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de septiembre 40 medidas para hacer frente a la corrupción en el ámbito público y privado.

Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se encuentra en proceso de revisión, por tercera vez, del Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, que será publicado previsiblemente a finales de este año.

A nivel internacional, en mayo de este año Global Reporting Initiative (GRI) lanzó su "Guía G4", la cuarta generación de directrices para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad, con un fuerte enfoque en materialidad y relevancia de la información.

Asimismo, a finales de año estará disponible la "Guía de Reporte Integrado" del International Integrated Reporting Council (IIRC), con el propósito de promover un modelo de integración de la información financiera y la no financiera en los informes anuales de las compañías, cuyo borrador se presentó en abril y está siendo sometido a consulta.

Por último, el 16 de abril la Comisión Europea publicó el borrador de Directiva sobre divulgación de información no financiera, cuyo proceso de consultas cierra en diciembre, cuando el comisario Barnier decidirá si la propone para que sea votada en la primavera de 2014.


Fuente: Foretica

LA TRANSPARENCIA QUE INTERESA

Petición

Que la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública y Buen Gobierno recoja la obligación de incluir en las webs públicas creadas para fomentar la transparencia y el acceso a la información pública el número de visitas a la web, el coste del desarrollo y mantenimiento y el número de descargas de cada dataset.

¿Por qué es importante esta petición?

La principal normativa reguladora es el RD 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal. Y próximamente la Ley de Transparencia, y Acceso a la información Pública y Buen Gobierno.

Esta petición es importante para evitar que la transparencia se convierta en un gasto inútil consistente en tener una web, en algunos casos de coste millonario, que aloje en ella algunos datasets que no tengan ningún interés para nadie.

Dado que el objeto de las distintas normativas de transparencia es fomentar la transparencia proactiva y la participación ciudadana, es clave para ello, que los datos que se hagan públicos tengan interés para la ciudadanía. Y en caso contrario que la organización incite la participación ciudadana para decidir qué información se hace pública, y en qué formato.
 
Para introducir la transparencia como criterio para evaluar la utilidad real de un portal de datos es necesario que se haga pública la siguiente información:

  • Visitantes totales.
  • Visitantes último mes.
  • Coste desarrollo de la web.
  • Coste del mantenimiento.
  • Número de descargas por dataset.
Como estrategia de ahorro, esta información nos permitirá eliminar aquellas webs de transparencia que suponen un coste para la Administración y que no tienen interés para la ciudadanía.

Esta información, aplicar la transparencia a las webs de transparencia, nos permitirá identificar aquella información que la ciudadanía está demandando frente a la posibilidad de publicar datos que no tengan ningún interés para la ciudadanía.

Firma la petición en Change.org

El Portal de Transparencia costará en torno a 1,7 millones de euros


La puesta en marcha del Portal de la Transparencia, una herramienta prevista en la Ley de Transparencia, Acceso a la información pública y buen gobierno, costará en torno a 1,7 millones de euros, según han informado a Europa Press fuentes oficiales.
Éste será el instrumento informático que utilizará el Gobierno para gestionar la presentación de toda la información de la Administración General del Estado que los organismos en ella incluidos deberán de hacer pública en virtud de la citada ley, que aún no ha culminado su tramitación.
Actualmente el proyecto, que entró en el Congreso en septiembre de 2012, se encuentra en el Senado, que tiene previsto aprobar la ley antes del 20 de noviembre. El PP ha presentado una treintena de enmiendas en la Cámara Alta y está abierto a llegar a acuerdos con otros grupos en varios puntos, por lo que la norma tendrá que volver al Congreso para su aprobación definitiva antes de final de año.

MÁS DE UN AÑO PARA QUE ENTRE EN VIGOR
La parte relativa al buen gobierno entrará en vigor en cuanto la norma de publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero se ha previsto un periodo de carencia de un año para el Título I, el que contiene las obligaciones de entidades públicas y privadas con respecto a la transparencia. Es decir, que estos artículos no estarán vigentes hasta finales de 2014 o principios de 2015.
Para entonces deberá estar en funcionamiento el Portal de la Transparencia que facilitará el acceso de los ciudadanos a la información que tendrá que publicar la Administración General del Estado y que sea solicitada con mayor frecuencia.
Aunque las prescripciones técnicas que guiarán la publicación de esos documentos debe ser fijada por un reglamento posterior, la ley ya prevé que esa información deberá presentarse siguiendo criterios de accesibilidad (facilitando su identificación y su búsqueda) de interoperabilidad (que se pueda compartir) y reutilización.
Según avanzó en su momento el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, el Portal de la Transparencia incluirá, entre otras cosas, un ranking sobre el cumplimiento de la ley, de manera que se podrá consultar cuáles son las administraciones qué más y mejor responden a las peticiones de los ciudadanos y cuáles lo hacen peor.
En las tareas de mantenimiento del portal, el Ministerio de la Presidencia ejercerá una labor de coordinación y armonización de contenidos así como de supervisión de la calidad y actualización de la información suministrada.

GESTIONARÁ LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Asimismo, el portal se configurará como una herramienta de gestión de las solicitudes de acceso a la información pública que sean presentadas a los órganos y entidades de la Administración General del Estado.
Las administraciones autonómicas y también las locales tendrán que 'copiar' este modelo de portal para dar cumplimiento a la ley que también las obliga. Para ahorrar costes y facilitar la tarea a aquellos ayuntamientos que no puedan crear su propia web, el Gobierno planea utilizar 'software' libre y ceder el diseño del programa a aquellas entidades que lo necesiten mediante convenios.

Fuente: europa press