Se acaban de publicar los resultados del Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU), en su tercera edición, elaborados por la organización Transparencia Internacional España, para medir, a través de un conjunto de 80 indicadores el nivel de transparencia de las diecisiete Comunidades Autónomas españolas.
Al igual que ocurrió en la segunda edición del INCAU (2012), las Comunidades Autónomas han vuelto a mejorar en conjunto sus resultados globales, ya que la valoración media global de las diecisiete CC.AA. ha sido 88,6 (sobre 100), mientras que en 2012 dicha puntuación global había sido 79,9, y en 2010 fue 71,5.
En el caso particular de Extremadura, se experimenta un retroceso cercano a los tres puntos, pasando de 87,5 puntos en 2012 (posición 8 de 17), a 85 puntos en 2014 (posición 12 de 17). Este retroceso de 2,5 puntos y cuatro posiciones resulta aún más sorprendente por contar con una ley de Gobierno Abierto que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios regionales.
Desde Transparencia Extremadura se hace una valoración negativa de este descenso y nos gustaría instar a todos los grupos parlamentarios a impulsar iniciativas que mejoren estos resultados.
En concreto Extremadura debe priorizar sus esfuerzos en materia de Transparencia Económico Financiera con actuaciones como:
- Publicación de Informes de morosidad previstos en la Ley Orgánica 2/2012 y regulados en la Orden HAP/2105/2012.
- Indicadores de eficiencia y/o eficacia del gasto en la prestación de los servicios públicos.
- Grado de financiación de las Inversiones con Subvenciones finalistas.
- Gasto por habitante: Obligaciones no financieras reconocidas netas / Nº habitantes.
- Inversiones realizadas/Subvenciones del Estado y europeas.
En relación con la publicación de indicadores
- Endeudamiento por habitante: Pasivo exigible (el estipulado en el Procedimiento de déficit excesivo) / Nº habitantes.
- Endeudamiento relativo: Deuda de la C.A./Presupuesto total de la C.A.
- Datos sobre las emisiones de Gases de efecto invernadero en la región, y el cumplimiento del Protocolo de Kioto.
Apitex ya manifestó que la aprobación de la ley de Gobierno Abierto no tendría un impacto en la Transparencia sino se trabajaban elementos interesantes para la ciudadanía en lugar de indicadores fáciles de lograr pero que apenas tienen interés ciudadano. Esto es una reivindicación general ya que los distintos grupos parlamentarios tienen mecanismos a su alcance para impulsar este hecho, si bien nosotros desde la sociedad civil colaboraremos en la medida de nuestras posibilidades, teniendo en cuenta que apitex es una iniciativa para empresas privadas.
Deseamos sinceramente que dichos mecanismos sean utilizados no solo para una mejora en los índices de transparencia de las administraciones, sino como una medida preventiva contra la corrupción y un punto de partida hacia una mejora en la relación con los ciudadanos, ya que ellos son a la postre los más beneficiados de un sistema transparente, confiable, que fomenta la participación ciudadana y que incluso sin miedo alguno, expone todas sus entrañas para que ciudadanos y empresas privadas puedan a su vez reutilizar la información que posee, que genera y no esconde, creando además empleo en un nuevo nicho de este siglo XXI.
