Comportamiento desigual de las diputaciones extremeñas en materia de Transparencia


La Diputación de Badajoz pasa del lugar 34 al 13 mejorando su puntuación de 31 a 86.3 puntos; por el contrario la Diputación de Cáceres sufre un importante retroceso pasando de la posición 24 a la 30 retrocediendo 20 puntos en materia de transparencia.


Se acaban de publicar los resultados del Índice de Transparencia de las Diputaciones (INDIP) 2013, elaborado por la organización Transparencia Internacional España, para medir, a través de un conjunto de 80 indicadores, el nivel de transparencia de cuarenta y cinco Diputaciones (incluídas las Diputaciones Forales, y algunos Cabildos insulares y Consells baleares). Es la segunda edición que se lleva a cabo de este Índice.

El aspecto más destacable de los resultados del INDIP 2013 es el notable aumento que por término medio han alcanzado las Diputaciones en su valoración final, ya que mientras que en la anterior edición de este Índice la valoración media fué de 48´6 sobre 100, en este ocasión la puntuación media de las cuarenta y cinco Diputaciones ha ascendido a 69´6 por 100, lo que denota el importante esfuerzo de transparencia y apertura informativa que en general han hecho las instituciones.

Aunque hay todavía un cierto grado de disparidad en el conjunto de las puntuaciones globales, ha disminuido sin embargo significativamente el número de Diputaciones Suspensas, ya que en la anterior edición fueron 27 las que no llegaron a 50 sobre 100, mientras que en la presente edición sólo son 9 las Diputaciones que no han alcanzado el Aprobado. Por otra parte, en 2012 sólo dos Diputaciones habían alcanzado la calificación de Sobresaliente (90 ó más sobre 100), mientras que en esta edición han sido once las Diputaciones que la han conseguido.

Las Diputaciones ganadoras en esta edición del INDIP son León y Valladolid, que han obtenido la máxima puntuación, siendo destacables igualmente las puntuaciones obtenidas por Orense, Tarragona, Vizcaya, Palencia, Valencia, Granada, Lugo, Barcelona y Huelva, que han obtenido la puntuación de Sobresaliente. Hay además doce Diputaciones que han alcanzado la valoración de Notable (entre 70 y 89), mientras que otras trece entidades han obtenido el Aprobado, con unas puntuaciones entre 50 y 69.

Cabe destacar, por otra parte, que casi dos tercios de las Diputaciones (29 de las 45 evaluadas) han creado un Portal específico de transparencia dentro de sus páginas webs, recogiendo en el mismo los indicadores del INDIP, lo cual viene a evidenciar su clara voluntad de hacer pública la variada información que se recoge en este Índice de transparencia.

En cuanto a las distintas Áreas de Transparencia, una asignatura pendiente que siguen teniendo las Diputaciones en general es su Transparencia económico-financiera, ya que la media colectiva en este área es de 60´2 sobre 100, aunque el área en la que han obtenido por término medio una menor puntuación es la que hace referencia a los indicadores de la nueva Ley de Transparencia (según el proyecto de Ley), obteniendo una puntuación de 58´7 sobre 100, siendo concretamente quince las Diputaciones suspensas en este Área de transparencia, lo que indica que aunque la mayoría de las instituciones están relativamente preparadas para la publicación de las informaciones previstas en esta próxima Ley, hay todavía un tercio de las mismas que no publican una parte significativa de los datos que van a ser exigidos obligatoriamente por la inminente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

De las seis Áreas de transparencia evaluadas (en el INDIP), la que presenta una mayor puntuación media global es la referente a las Relaciones con los ciudadanos y la sociedad, en la cual la media colectiva alcanza 83´2 sobre 100. Otras tres áreas en las que se obtiene por término medio un Notable son: Transparencia en contrataciones de servicios (76´1), Transparencia en materia de servicios y apoyos a Municipios (75´4) e Información sobre la propia Diputación Provincial (73´0).

Si se lleva a cabo una segmentación de las Diputaciones en tres Grupos de tamaño (según la población provincial): a) Pequeñas (de menos de 400.000 habitantes; b) Medianas (entre 400.000 y 800.000) y Grandes (más de 800.000), el colectivo de las quince Diputaciones Grandes es el que alcanza una puntuación media mayor (71´9), mientras que el conjunto integrado por las quince Diputaciones Pequeñas queda en el segundo lugar del ranking, con una puntuación media de 69´4, siendo finalmente, las quince Diputaciones consideradas como Medianas son las que obtienen una puntuación media más baja (67´5).

Por otra parte, es importante recordar que en este Índice, lo mismo que ocurre en otros Índices de transparencia que elabora TI-España, sólo se valora si la información requerida está o no públicamente disponible, pero no se evalúa la calidad de la información publicada, ni tampoco la calidad de la gestión de los gobiernos provinciales. Cabe destacar finalmente que los resultados medios obtenidos en esta segunda edición del INDIP (69´6) son más altos que los que se alcanzaron en la segunda edición (2009) del Índice de Transparencia en los Ayuntamientos (64´0), así como también respecto a los obtenidos por término medio en la segunda edición (2011) del Índice de Transparencia en la Gestión del Agua (59´6), aunque son claramente inferiores a la puntuación media habida en la segunda edición del Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (79´9). Se confirma en todo caso que al igual que ha ocurrido progresivamente en los Ayuntamientos, en los Organismos del Agua, y en las Comunidades Autónomas, las Diputaciones también han mejorado sus respectivos niveles de transparencia en la segunda edición de su Índice.


Consulta el estudio completo en http://www.transparencia.org.es

Avances en materia de transparencia a nivel nacional e internacional

En los últimos meses se han producido distintos avances a nivel nacional e internacional para el fomento de la transparencia tanto en el ámbito público como privado.

En el plano nacional, el 18 de septiembre se publicó el Proyecto de Ley de Transparencia, que destaca que se incluirán temas vinculados a transparencia del sector público en el próximo Plan Nacional de Responsabilidad Social Empresarial.

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de septiembre 40 medidas para hacer frente a la corrupción en el ámbito público y privado.

Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se encuentra en proceso de revisión, por tercera vez, del Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, que será publicado previsiblemente a finales de este año.

A nivel internacional, en mayo de este año Global Reporting Initiative (GRI) lanzó su "Guía G4", la cuarta generación de directrices para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad, con un fuerte enfoque en materialidad y relevancia de la información.

Asimismo, a finales de año estará disponible la "Guía de Reporte Integrado" del International Integrated Reporting Council (IIRC), con el propósito de promover un modelo de integración de la información financiera y la no financiera en los informes anuales de las compañías, cuyo borrador se presentó en abril y está siendo sometido a consulta.

Por último, el 16 de abril la Comisión Europea publicó el borrador de Directiva sobre divulgación de información no financiera, cuyo proceso de consultas cierra en diciembre, cuando el comisario Barnier decidirá si la propone para que sea votada en la primavera de 2014.


Fuente: Foretica

LA TRANSPARENCIA QUE INTERESA

Petición

Que la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública y Buen Gobierno recoja la obligación de incluir en las webs públicas creadas para fomentar la transparencia y el acceso a la información pública el número de visitas a la web, el coste del desarrollo y mantenimiento y el número de descargas de cada dataset.

¿Por qué es importante esta petición?

La principal normativa reguladora es el RD 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal. Y próximamente la Ley de Transparencia, y Acceso a la información Pública y Buen Gobierno.

Esta petición es importante para evitar que la transparencia se convierta en un gasto inútil consistente en tener una web, en algunos casos de coste millonario, que aloje en ella algunos datasets que no tengan ningún interés para nadie.

Dado que el objeto de las distintas normativas de transparencia es fomentar la transparencia proactiva y la participación ciudadana, es clave para ello, que los datos que se hagan públicos tengan interés para la ciudadanía. Y en caso contrario que la organización incite la participación ciudadana para decidir qué información se hace pública, y en qué formato.
 
Para introducir la transparencia como criterio para evaluar la utilidad real de un portal de datos es necesario que se haga pública la siguiente información:

  • Visitantes totales.
  • Visitantes último mes.
  • Coste desarrollo de la web.
  • Coste del mantenimiento.
  • Número de descargas por dataset.
Como estrategia de ahorro, esta información nos permitirá eliminar aquellas webs de transparencia que suponen un coste para la Administración y que no tienen interés para la ciudadanía.

Esta información, aplicar la transparencia a las webs de transparencia, nos permitirá identificar aquella información que la ciudadanía está demandando frente a la posibilidad de publicar datos que no tengan ningún interés para la ciudadanía.

Firma la petición en Change.org

El Portal de Transparencia costará en torno a 1,7 millones de euros


La puesta en marcha del Portal de la Transparencia, una herramienta prevista en la Ley de Transparencia, Acceso a la información pública y buen gobierno, costará en torno a 1,7 millones de euros, según han informado a Europa Press fuentes oficiales.
Éste será el instrumento informático que utilizará el Gobierno para gestionar la presentación de toda la información de la Administración General del Estado que los organismos en ella incluidos deberán de hacer pública en virtud de la citada ley, que aún no ha culminado su tramitación.
Actualmente el proyecto, que entró en el Congreso en septiembre de 2012, se encuentra en el Senado, que tiene previsto aprobar la ley antes del 20 de noviembre. El PP ha presentado una treintena de enmiendas en la Cámara Alta y está abierto a llegar a acuerdos con otros grupos en varios puntos, por lo que la norma tendrá que volver al Congreso para su aprobación definitiva antes de final de año.

MÁS DE UN AÑO PARA QUE ENTRE EN VIGOR
La parte relativa al buen gobierno entrará en vigor en cuanto la norma de publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero se ha previsto un periodo de carencia de un año para el Título I, el que contiene las obligaciones de entidades públicas y privadas con respecto a la transparencia. Es decir, que estos artículos no estarán vigentes hasta finales de 2014 o principios de 2015.
Para entonces deberá estar en funcionamiento el Portal de la Transparencia que facilitará el acceso de los ciudadanos a la información que tendrá que publicar la Administración General del Estado y que sea solicitada con mayor frecuencia.
Aunque las prescripciones técnicas que guiarán la publicación de esos documentos debe ser fijada por un reglamento posterior, la ley ya prevé que esa información deberá presentarse siguiendo criterios de accesibilidad (facilitando su identificación y su búsqueda) de interoperabilidad (que se pueda compartir) y reutilización.
Según avanzó en su momento el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, el Portal de la Transparencia incluirá, entre otras cosas, un ranking sobre el cumplimiento de la ley, de manera que se podrá consultar cuáles son las administraciones qué más y mejor responden a las peticiones de los ciudadanos y cuáles lo hacen peor.
En las tareas de mantenimiento del portal, el Ministerio de la Presidencia ejercerá una labor de coordinación y armonización de contenidos así como de supervisión de la calidad y actualización de la información suministrada.

GESTIONARÁ LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Asimismo, el portal se configurará como una herramienta de gestión de las solicitudes de acceso a la información pública que sean presentadas a los órganos y entidades de la Administración General del Estado.
Las administraciones autonómicas y también las locales tendrán que 'copiar' este modelo de portal para dar cumplimiento a la ley que también las obliga. Para ahorrar costes y facilitar la tarea a aquellos ayuntamientos que no puedan crear su propia web, el Gobierno planea utilizar 'software' libre y ceder el diseño del programa a aquellas entidades que lo necesiten mediante convenios.

Fuente: europa press

Todos los convenios del Gobierno extremeño con administraciones públicas y entidades privadas se publicarán en el Portal de Transparencia y Participación Ciudadana

La Vicepresidenta, Portavoz y Consejera de Empleo, Empresa e Innovación, Cristinta Teniente, ha señalado que el objetivo de esta nueva normativa de regulación del registro de convenios públicos, que sustituirá al anterior, es dotar de una mayor transparencia a la actividad de la administración, de acuerdo con la Ley de Gobierno Abierto de la comunidad, recientemente aprobada, según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta regional, Cristina Teniente. 

En el proyecto de decreto, que será enviado ahora al Consejo Consultivo para que emita un dictamen sobre el mismo, como novedad, destaca la obligatoriedad de que todos los convenios, ya se firmen con otra administración pública o con una entidad privada, se inscriban en el registro y se publiquen por una doble vía, en concreto, en el Diario Oficial de Extremadura y en el portal de transparencia y participación ciudadana pues, hasta ahora, sólo se recogían los que se firmaban con administraciones públicas en el DOE.

Junto con ello, se amplía el acceso del ciudadano a los mencionados convenios. Hasta el momento sólo los ciudadanos implicados por alguna cuestión determinada a un convenio firmado por la administración, podía, previa solicitud, acceder a los convenios y, a partir de ahora, como deben publicarse de manera obligatoria en el portal de transparencia, todos los ciudadanos tendrán acceso a todos los convenios.

Y, Teniente ha resaltado que, con este decreto y sus novedades, la comunidad extremeña seguirá siendo "pionera" en España, en cuanto a medidas de "transparencia, de acceso, de visibilidad pública" de su labor como administración.

Fuente : Region Digital

Ciudadanos para ciudades inteligentes


El próximo 19 de septiembre de 2013 se celebrará la Jornada "Ciudadanos para ciudades inteligentes", organizada por MB3-Gestión y Garrigues. Versará sobre Smart Cities y el papel que jugarán la e-administración y Open Data entre otros.



La Jornada tendrá lugar de 10:00 a 14:00h, en Mérida, en la Sala de la Autonomía del Parlamento de Extremadura (Mérida). El aforo es limitado por lo que para asistir a la Jornada debe solicitar su inscripción en ciudadanosclaves@gmail.com

Descargar el programa 

Transparencia a golpe de un click

La transparencia entendida como el fácil acceso a la información por parte del ciudadano a un sólo click. Es lo que mide la oenegé Transparencia Internacional, que publica anualmente un informe basado en 80 indicadores (que dan como resultado una puntuación de 100) que repasan la información sobre la comunidad autónoma, de la publicación de cuentas, gastos, ingresos, deudas, contrataciones de servicios o de obras públicas. Extremadura no sale mal parada en el último estudio, correspondiente al año pasado y que arroja una nota de notable alto (87,5) cuando hace dos años, la primera vez que se realizó este informe, obtuvo una puntuación de 81.3. No obstante, la región pierde posiciones y del quinto lugar en transparencia informativa pasa al octavo. «Una comunidad puede subir la nota pero bajar en el ranking y esto no quiere decir que lo haya hecho peor, sino que otras han corrido más en subsanar las deficiencias», explica Jesús Lizcano, presidente de la oenegé y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.
Seis son las áreas de transparencia en las que se divide el estudio, aunque una de ellas se analiza por primera vez este año. Sin contar ésta, en todas salvo en una la Junta actual ha mejorado las cifras de 2010, en especial, el área de transparencia económico-financiera. De un 5 a un 9. Se trata de catorce indicadores que nivelan la información contable y presupuestaria, la publicación de los ingresos, los gastos y las deudas. Así, uno puede consultar por ejemplo que el endeudamiento por habitante es de 2.197 euros. «Los gobiernos regionales se preocupan por mejorar los puntos de este cuestionario y por ello, cada vez hay más interés», explica el responsable de la oenegé. El área que se ha incorporado este año pone nota a través de quince indicadores a la puesta en marcha en cada Comunidad de la nueva Ley de Transparencia. Extremadura se sitúa en sexto lugar, junto a Galicia, con una puntuación de 80 sobre 100.
Andalucía, Galicia y La Rioja se mantienen por delante de Extremadura en 2012. Otras cuatro comunidades autónomas adelantan a la región extremeña en la lista del pasado año: País Vasco, Cantabria, Navarra y Castilla León. Extremadura mantiene su único primer puesto en este informe en la valoración parcial de la transparencia en las contrataciones de servicios, obras y suministros. Comparte el puesto con otras cinco comunidades. Esto quiere decir que se informa de los procedimientos de contratación de servicios, del seguimiento y el control de la ejecución de las obras y las operaciones con proveedores, como por ejemplo las cuantías de las contrataciones más importantes.
Uno de los datos que siempre más llama la atención de la clase política son los sueldos y ahí, Extremadura obtiene respuestas. Sueldo bruto del presidente del Gobierno extremeño, José Antonio Monago: 76.274,12 euros. De la vicepresidenta, Cristina Teniente: 64.256,72 euros. Son sólo dos ejemplos, ya que la lista indica las retribuciones de todos los funcionarios y cargos públicos de la Comunidad, desde el resto de miembros el Consejo de Gobierno y altos cargos hasta médicos, enfermeras, veterinarios, psicólogos clínicos, abogados o inspectores de educación, entre otros puestos. Es el segundo año consecutivo que el gobierno regional publica estos datos. Lo hace para dar cumplimiento del código ético de la Administración Pública de la región y en el caso del indicador de transparencia, supone un dato que se marca en destacado para analizar la información sobre la región.
«A nadie le gusta quedar mal», sentencia Lizcano. El responsable explica que envían su primera valoración a cada región. Así, las comunidades pueden revisar el cuestionario con estos 80 puntos de información y tienen la oportunidad de modificar alguna cuestión en la web y devolver el cuestionario mejorado. «Marcamos los puntos débiles y los fuertes en materia de comunicación. Se ha convertido en un sistema participativo y dinámico que en líneas generales, hace que vaya mejorando», señala el presidente de Transparencia Internacional. En cualquier caso, cuenta, las comunidades se preocupan más que los ayuntamientos por ofrecer información en su web. «Los datos hablan: las regiones dan las evaluaciones más altas en comparación a los demás informes», indica Lizcano.

Fuente: diario HOY